La adhesión de México a diversos tratados comerciales con países o regiones, permite de cierta forma blindar al sector energético de los cambios que busca impulsar el Gobierno federal y que crean condiciones de desventaja para las empresas, según especialistas.
Desde el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), establecen reglas que los países firmantes deben cumplir para garantizar las inversiones y acuerdos comerciales.
Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dijo, entrevistado sobre el tema, que esos tratados de alguna manera rigen el actuar de los gobiernos.
«Al final se vuelven una ‘camisa de fuerza’ que no permite la arbitrariedad de un gobierno (con los otros países); plantean una serie de reglas concretas, transparentes y que generan un Estado de Derecho en la parte exportadora de la economía. Y en ese sentido dan certeza jurídica y un margen para la inversión que es super importante en el tema de energía», puntualizó Ocampo.
Julia González Romero, consejera de la firma González Calvillo, explicó que si bien México tiene la libertad de realizar modificaciones legales o regulatorias, si eso deriva en algún incumplimiento de algún tratado internacional con protección a inversiones no será admitido.
Es lo que pasó en México con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca privilegiar la operación de Pemex y CFE en sus sectores frente a empresas privadas, locales y extranjeras.
«Si los cambios vulneran las inversiones que están protegidas por tratados internacionales, el Estado mexicano será responsable. Algunos tratados permiten demandar directamente al Estado por la violación de los derechos», dijo González Romero.
Añadió que las empresas mexicanas que estén vulnerables en caso de que se presenten nuevos riesgos regulatorios, podría buscar la manera de realizar algunas modificaciones para proteger sus inversiones con base en los tratados internacionales que sí las contemplan.
Por ejemplo, dijo, en caso de que una empresa extrajera sufra alguna condición de desventaja en un país frente a las empresas nacionales, se puede iniciar un arbitraje porque así lo consideran los acuerdos.
En el caso de la LIE, provocó que Estados Unidos y Canadá comenzaran un periodo de consultas para la resolución de controversias antes de llegar a arrancar el panel arbitral, el considerado en el T-MEC, el cual hasta el momento no se ha iniciado.
