- Industriales proponen apoyo gubernamental con credenciales del Bienestar
En entrevista para Ingrata Noticia, la presidenta de la Red de Maíz, e integrante del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, Blanca Mejía Castillo dio a conocer su postura en torno a la pretensión del gobierno federal de disminuir el precio de la tortilla hasta en 10%, lo cual equivale a 2 pesos por kilo.
Ante ello, dijo que entre los temas que se deben considerar es el de la seguridad, ya que en algunas regiones de la zona centro y sur del país la presencia del crimen organizado cobra por “derecho de piso” de 2 a 4 pesos por kilo de este alimento básico para los mexicanos, además pide analizar todas las desventajas que tienen como la tortilla ‘pirata’ y distribución Informal
¿Cuál es la postura de los empresarios y productores sobre el anuncio de la presidenta de México para bajar el precio de la tortilla?
Hemos estado analizando esta situación. Creemos que todas las políticas enfocadas en el bienestar de la población, en proporcionarle un beneficio, son bienvenidas, claro que sí. El sector de la industria de la masa y la tortilla siempre ha apoyado proyectos y programas que beneficien a la población. Sin embargo, hablar sobre una disminución del 10% puede prestarse a malas interpretaciones, como si el industrial de la masa y la tortilla tuviera la capacidad o posibilidad de hacer esa reducción del 10% en el precio de la tortilla, lo cual equivaldría aproximadamente a dos pesos, o poco más, según el sector. Esto, obviamente, no es así; esa no es la realidad.
Algunos compañeros han expresado su preocupación sobre qué harían o qué tendría que suceder para que esto fuera posible. Directamente, tendrían que resolverse temas como la inseguridad y el cobro de piso. Sabemos que en algunas regiones de la República se está exigiendo cobro de piso, no solo a negocios de tortillerías, sino también a otros sectores. En estos casos, el crimen organizado ha asumido labores propias del gobierno, como el control de precios, estableciendo el precio de la tortilla a través del cobro de piso.
Entonces, la primera preocupación es: ¿qué haremos en estos lugares? ¿Qué hará el gobierno en las zonas donde predomina la inseguridad? No es necesario mencionar cuáles son, porque el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación conocen muy bien cuáles son estos focos rojos y los lugares donde deben poner atención. Esa es una de nuestras principales preocupaciones.
Además de la inseguridad, ¿qué otro tema se tendría que atender para concretar una disminución en los precios?
También se debe analizar el reparto de tortillas que se venden fuera de los establecimientos donde se producen, es decir, de las tortillerías de barrio, de las tortillerías que todo el mundo conoce. Sabemos que la tortilla se puede conseguir en otros lugares, como tiendas de abarrotes, farmacias y verdulerías. Entonces, en estos puntos de venta, lo que queremos saber es qué va a hacer el gobierno para regular este sector, que básicamente absorbe hasta 4 pesos de la utilidad de la tortilla.
La utilidad se reparte de la siguiente forma: 2 pesos para el repartidor, 2 pesos para la persona que se queda con la tortilla como comisionista y, a veces, si bien nos va, solo queda un peso para el productor o tortillero. Entonces, ¿qué ocurrirá si el gobierno pone atención en este sector de distribución de tortillas? A lo que nosotros, desde la Red de Maíz y el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, denominamos «tortilla pirata». ¿Qué harán? ¿Se retirará del mercado para que la gente acuda nuevamente a los mostradores a comprar tortilla caliente? Esto podría aumentar la utilidad para los productores, y así se podría empezar a hablar de un nuevo esquema de precios.
¿Qué factores se requieren para que se logre un precio que favorezca tanto a los productores como a las familias mexicanas?
Estamos invitados a la discusión del PACIC (Programa de Apoyo contra la Inflación y la Carestía iniciativa del gobierno mexicano para controlar los precios de productos básicos, entre ellos, la tortilla), y el Consejo Rector de la Tortilla ha sido convocado para debatir sobre los mecanismos necesarios para mantener los precios en los próximos seis meses. Si existe un compromiso real por parte del gobierno para apoyar, es fundamental actuar. Ya tenemos una preocupación: cada vez hay menos personas que desean dedicarse a esta noble labor de elaborar tortillas, y, sobre todo, no contamos con estándares de competencia.
Entonces, hay mucho que hacer en esta industria, mucho trabajo por delante. Esperamos que el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum realmente tenga el compromiso de apoyar a la industria de la masa y la tortilla, que ha estado abandonada por más de 32 años.
¿Cuál es la propuesta de los industriales para bajar los precios?
Lo que proponemos es que ese beneficio del 10% se otorgue a través de las credenciales del bienestar, ya que el gobierno tiene un padrón de personas beneficiarias de estos programas. Si ya cuentan con este público, que se les proporcione ese 10% en un rubro destinado específicamente a la compra de tortillas. A su vez, proponemos que se apoye a los 110 mil 118 negocios dedicados a la industria de la masa y la tortilla en nuestro país para que instalen terminales punto de venta que puedan recibir esas tarjetas, de modo que la gente pueda utilizar ese porcentaje en este rubro específico.
De otra forma, nos pasaríamos al menos la mitad de este sexenio en discusiones y acuerdos, cuando ya tienen la capacidad para implementarlo, ellos tienen la sartén por el mango.
