El Departamento de Justicia estadounidense ordenó a fiscales federales investigar a todo funcionario local o estatal que obstruya la aplicación intensificada de leyes migratorias bajo la Administración del Presidente Donald Trump, según un memorándum enviado a todo el personal.
El memorándum, escrito por Emil Bove, el subsecretario de Justicia en funciones, añade que el departamento regresará a la práctica de acusar a un procesado con el cargo más severo que puede demostrar, una posición común de departamentos dirigidos por republicanos con la intención de despojar a los fiscales de la opción de acusar a un individuo con un cargo menor.
Gran parte del memorando se centra en la aplicación de la ley de migración. Bove escribió que los fiscales deberán «tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense mediante la eliminación de extranjeros ilegales del país y el procesamiento de extranjeros ilegales por delitos» cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos.
El memorando también sugiere que los funcionarios estatales y locales que obstaculicen la aplicación de la ley federal de migración podrían ser objeto de escrutinio. Instruye a los fiscales a investigar cualquier episodio en el que funcionarios estatales y locales obstruyan o impidan las funciones federales.
«La ley federal prohíbe que actores estatales y locales se resistan, obstruyan y dejen de cumplir con los comandos y solicitudes relacionados con la migraciónque sean legales», dice el memorando.
«Las Fiscalías de Estados Unidos y los componentes litigantes del Departamento de Justicia deberán investigar incidentes que involucren cualquier tipo de mala conducta para un posible proceso penal».
El memorando de tres páginas señala un cambio inmediato y drástico en las prioridades de la agencia, diciéndoles a los fiscales inequívocamente que estarán en la primera línea de un esfuerzo de toda la administración para combatir la inmigración ilegal y el crimen fronterizo y que deben llevar a cabo la visión política de la Casa Blanca republicana del Presidente Donald Trump en lo que respecta a crímenes violentos, la amenaza de pandillas transnacionales y el tráfico de drogas.
«De hecho, es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas que el pueblo estadounidense eligió a Trump para implementar», escribió Bove en el memorando obtenido por la AP.
«La responsabilidad del Departamento de Justicia, que cada uno de sus empleados asume con orgullo, incluye la aplicación agresiva de las leyes promulgadas por el Congreso, así como la defensa vigorosa de las acciones del presidente en nombre de Estados Unidos frente a desafíos legales», agregó Bove. «El personal del Departamento debe unirse en los cargos que los contribuyentes han financiado para realizar este importante trabajo».
