Después de la tragedia en el Festival Ceremonia, donde los jóvenes fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas perdieron la vida tras caerles encima una estructura, las autoridades apuntan contra los responsables.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó ayer revisar la concesión del Parque Bicentenario, que desde 2018 tiene la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, propiedad de Charles McPhail Trouyet.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indagará tanto a la empresa organizadora Eco Live, fundada y dirigida por Diego Jiménez Labora, y funcionarios, quienes tenían la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad antes, durante y después del Festival Ceremonia.
La Fiscal capitalina Bertha Alcalde aseguró que han avanzado en las inspecciones en el sitio y en entrevistas con testigos e involucrados.
«Lo jurídico implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente, es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes», dijo la Fiscal Alcalde en un mensaje.
La Presidenta Sheinbaum sostuvo que se deben aclarar las condiciones en que se otorgó la concesión del Parque Bicentenario, y analizar si es posible rescindirla.
«Por las condiciones en que se dio esta concesión, pedí a Edna Vega, que es la Secretaria de Sedatu, que es quien ve este tema, que de inmediato se ponga a revisar la concesión.
«En qué condiciones se da esta concesión, y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no», dijo la Mandataria en su conferencia matituna en Palacio Nacional.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda, detalló que la concesión del sitio fue otorgada a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, en marzo de 2018, en el último año de Gobierno del entonces Presidente priista Enrique Peña Nieto.
Para revocar la concesión, el Gobierno federal tendría que acreditar que la empresa incurrió en alguna de las causales previstas en el título firmado en 2018, que son la falta de pago de contraprestaciones o el incumplimiento de sus obligaciones «de manera reiterada».
Otra opción sería el rescate de la concesión, lo cual podría ser costoso para el erario, pues se tendría que indemnizar a la empresa.
