La campaña judicial concluye hoy en medio de una lluvia de acordeones, presiones corporativas y gubernamentales, falta de intervención de las autoridades electorales y poca claridad hacia los votantes.
Después de 60 días de campaña, 3 mil 396 candidatos a distintos cargos del Poder Judicial terminan hoy con su proselitismo para abrir paso a la veda rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio.
Fue una campaña de acarreo a actos proselitistas, inducción del voto mediante acordeones, una abierta intromisión de partidos políticos y Gobiernos, así como desatención a las reglas para hacer propaganda y realizar gasto electoral.
La contienda derivó en una suma de ocurrencias por parte de los aspirantes a cargos judiciales, principalmente en redes sociales, para llamar la atención de los electores.
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) intentó fijar controles, en los hechos reinó la confusión y la violación a las normas electorales.
De los 400 candidatos que se calcula eran juzgadores en funciones o servidores públicos de Gobiernos locales o federal, cerca de 200 pidieron licencia; el resto mezcló el proselitismo con el trabajo.
Una de las faltas más frecuentes fue el respaldo corporativo a ciertas candidaturas. Los lineamientos de equidad emitidos por el INE establecían que los aspirantes podían acudir a foros de debate, organizados por universidades, sindicatos y agrupaciones diversas, con la condición de que fuera invitado el 50 por ciento de los candidatos a determinado cargo. En los hechos, esto no ocurrió.
Otra prohibición era entregar playeras o gorras en los actos proselitistas, pero los sindicatos lo incumplieron.
También tenían restringida la difusión de dichos foros, pero la mayoría de ellos lo hizo.
La más denunciada por esto fue la Ministra Yasmín Esquivel, a quien en cuatro ocasiones el INE le recriminó violar la norma y la obligó a borrar sus publicaciones antes de que el organismo la sancionara.
«Es muy preocupante, genera frente a la opinión pública una sensación de impunidad, porque además esta conducta reiterada está enfocada en una sola de las candidaturas», acusó el consejero Arturo Castillo el 9 de mayo.
Los aspirantes también tenían prohibido contratar espacios en medios electrónicos y redes sociales, pero fue otra de las principales irregularidades.
De acuerdo con la Comisión de Quejas, durante el proceso se recibieron 223 denuncias, y la mayoría de ellas fue por comprar propaganda indebida. Incluso, la organización Laboratorio Electoral reportó que 380 aspirantes pagaron espacios de manera ilegal.
«Se descubrió la presencia de encuestas ficticias, no registradas ante el INE, para beneficiar candidaturas, así como esfuerzos coordinados para posicionar en redes a perfiles específicos«, detalló la agrupación.
En su reforma judicial, Morena prohibió la injerencia de los partidos en el proceso judicial, pero ordenó a sus estructuras desplegar bardas, carteles y mantas en todo el País para promover la elección, acarrear al mayor número de morenistas a las urnas el próximo domingo y repartir «acordeones» para impulsar perfiles de la 4T.
Aprovechando la vía abierta que les dio el Tribunal Electoral, Gobiernos y funcionarios se enfocaron en promover la elección judicial.
