El abogado y activista ambiental Luis González Lozano solicitó formalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí promover una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Penal del Estado que tipifica el delito de “halconeo”, al considerar que esta medida criminaliza el ejercicio periodístico, la vigilancia ciudadana y la defensa de derechos humanos.
González Lozano, representante de la organización Cambio de Ruta, advirtió que la reforma contenida en el decreto legislativo 0207 —en vigor desde este martes— violenta los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al generar un efecto inhibitorio sobre el periodismo de investigación, la documentación de abusos de autoridad, el activismo ambiental y la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
En su solicitud, de la cual este medio posee copia, el abogado argumenta que el nuevo artículo 293 quáter del Código Penal, además de modificar el artículo 343, criminaliza conductas que podrían estar amparadas por el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, sin establecer criterios claros que distingan entre actividades delictivas y el ejercicio legítimo de vigilancia ciudadana.
“No se puede permitir que se persiga a quien observa, documenta o denuncia actos de autoridad, como ya ha ocurrido en otros contextos”, señaló González Lozano, quien además fue consejero de la CEDH y ha participado en procesos de defensa ambiental en la entidad.
El abogado recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucionales figuras legales similares en otras entidades, por considerarlas contrarias a la libertad de expresión.
“Esta es una oportunidad histórica para que la CEDH reafirme su compromiso con los derechos fundamentales en San Luis Potosí”, puntualizó. En ese sentido, exhortó al organismo a actuar con celeridad y responsabilidad ante lo que calificó como “una reforma peligrosa que puede ser usada para silenciar voces críticas”.
La aprobación de esta figura penal ha generado inquietudes en diversos sectores sociales, especialmente en el gremio periodístico y entre colectivos ciudadanos, quienes han advertido que su redacción ambigua puede prestarse a usos discrecionales o persecutorios por parte de las autoridades. La discusión sobre su aplicación y legalidad podría escalar hasta la Suprema Corte si la acción de inconstitucionalidad es admitida.
