Durante una reunión entre la diputada Martha Patricia Aradillas y representantes del sector salud, familiares y responsables de centros de rehabilitación en San Luis Potosí expresaron su preocupación por la iniciativa legislativa que busca tipificar como delito la privación ilegal de la libertad en casos de internamiento involuntario en clínicas de salud mental y adicciones.
La propuesta de reforma, impulsada por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca armonizar la legislación estatal con los cambios realizados en 2022 a la Ley General de Salud, que establecen como requisito el consentimiento informado del paciente para su tratamiento. En caso de que la persona no esté en condiciones de otorgarlo, se requeriría una constancia médica que justifique el internamiento.
Sin embargo, familiares de personas con adicciones cuestionaron el enfoque de la reforma, argumentando que el problema de fondo no es la falta de consentimiento, sino la ausencia de políticas públicas que fortalezcan los centros de rehabilitación. “En lugar de querer castigar a los que buscamos ayuda para nuestros hijos, mejor vayan a ver si los anexos tienen psicólogos, si tienen lo necesario para atender a los adictos”, expresó una madre, quien narró haber internado a su hijo para salvarle la vida ante el consumo de cristal.
La misma mujer criticó los gastos públicos en espectáculos mientras se descuida la atención a las adicciones. “Si te vas a traer a Marilyn Manson, mejor reparte ese dinero en los anexos”, reclamó. También señaló la falta de programas de apoyo por parte del gobierno estatal, lo que obliga a las familias a cubrir por su cuenta los altos costos de tratamiento.
Las y los asistentes coincidieron en que están a favor de los derechos de las personas en tratamiento, pero advirtieron que una legislación mal orientada podría criminalizar a quienes buscan salvar la vida de sus seres queridos. “No todos los centros son malos. Vayan, conozcan y vean lo que se vive ahí adentro”, señaló otra madre de familia, quien pidió a las autoridades sensibilidad, apoyo real y una revisión más profunda antes de avanzar con la reforma.
