Con el argumento de que en 2026 arrancará el proceso electoral «más grande de la historia» que culmina en 2027, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJJF) solicitó a la Cámara de Diputados 260 millones de pesosmás de presupuesto para el próximo año.
En 2025, año en el que recibió más de 5 mil impugnaciones por la elección judicial federal y local, los legisladores aprobaron al TEPJF un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, mientras que para 2026 el Tribunal solicita 4 mil 9 millones de pesos.
Esto, argumenta, porque prevé que lleguen hasta 18 mil 259 inconformidadespor la creación de nuevos partidos, la elección en Coahuila y el arranque del proceso de 2027, en el que se elegirán 500 diputados federales, 850 juzgadores nacionales y 5 mil locales, 17 gobernadores y habrá cambio de congresos o Alcaldías en 32 entidades.
Desaparecer la Sala Especializada, encargada de resolver los procedimientos especiales sancionadores, como ordenó el Congreso, no le trajo ningún ahorro al Tribunal, pues el centenar de personas que trabajan ahí deberán ser reubicadas en otras áreas y el inmueble que utilizaba está en reparación.
Además de los gastos que implicará la creación de una Unidad Especializada para atender los PES.
El Tribunal argumenta que pese a la labor maratónica, habrá una reducción de 38 plazas, para contar con 2 mil 202 empleados permanentes y eventuales.
Sin embargo, 197 millones de pesos del aumento serán en el rubro de servicios personales de la elección federal, al pasar de 661 a 859 millones.
Así, el 82.7 por ciento de los recursos que solicita serán para el rubro de servicios personales, con 3 mil 318 millones de pesos, de los 4 mil millones requeridos.
«El 2026 será un año atípico donde puede presentarse un incremento en la carga de trabajo, particularmente por la constitución y registro de partidos políticos y los actos de preparación de la elección, campañas electorales y jornada electoral de la elección de diputaciones en Coahuila, durante el primer semestre.
«La carga laboral más intensa se prevé para el segundo semestre del año, derivado del inicio de procesos para la elección de personas juzgadoras a nivel federal y a nivel local, así como el inicio de proceso para la elección de diputaciones federales y a nivel local de autoridades estatales y municipales», argumenta.
El nuevo presidente del Tribunal, Gilberto Bátiz, quien asumirá ese cargo en noviembre, ha advertido que aplicará un plan de austeridad y racionalidad.
En la solicitud de recursos se aclara que estos conceptos no significan, necesariamente, que habrá una reducción de recursos, sino la promesa de que serán utilizados de forma tal que permita invertir en una mayor creación de valor público a largo plazo y se contribuya al fortalecimiento institucional.
«Esta perspectiva sobre el gasto público permite que el TEPJF opere de manera coherente, estable, confiable y pertinente, asegurando así la estabilidad del sistema democrático en el país», justifica.
En la propuesta se establece que 105 millones serán para el mantenimiento o renta de muebles e inmuebles.
