El profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Miguel Ángel Guzmán Michel, denunció que fue detenido de forma ilegal y acusado con delitos fabricados —terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada— tras pasar más de 90 días en el Cefereso No. 5 de Villa Aldama, Veracruz. Defensor de pueblos indígenas Pame y Teneken la Huasteca, responsabilizó a caciques y empresas mineras y cementeras de impulsar el caso por afectar sus intereses.
Guzmán Michel explicó que un testigo protegido lo señaló por presuntos ataques a instalaciones de Pemex en 2007, pero la UASLP acreditó que en esas fechas estaba impartiendo clases, elemento que, sumado a la presión de organizaciones sociales, contribuyó a su liberación. Durante su reclusión afirmó sufrir violaciones a derechos humanos: falta de atención médica, condiciones insalubres y segregación.
El académico anunció la iniciativa “Ley del Punto Final”, que buscará poner fin a la criminalización de la protesta, promover amnistía a presos con procesos irregulares o con tortura, y reformar el sistema penitenciario federal. Adelantó foros nacionales a partir del 20 de noviembre para construir un frente ciudadano que proteja a defensores de derechos humanos.
Acompañado por líderes sociales, solicitó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona garantías de seguridad ante posibles represalias y por la existencia de otra carpeta de investigación en San Luis Potosí. La petición fue entregada en Palacio de Gobierno y posteriormente sostuvo un encuentro con autoridades universitarias y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Su abogado, Arturo Castañeda Delgadillo, aseguró que Guzmán Michel y los demás señalados quedaron plenamente en libertad por irregularidades en el expediente.
