Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, 674 mujeres y personas con capacidad de gestar interrumpieron su embarazo en San Luis Potosí, pero casi siete de cada diez lo hicieron fuera de los servicios públicos de salud. De acuerdo con un informe del Frente Marea Verde en colaboración con la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, Abortistas MX y Apoyaré A.C., 467 procedimientos se realizaron mediante redes de acompañamiento feministas en las primeras 12 semanas, principalmente con medicación, mientras que en hospitales del IMSS predominó el método quirúrgico.
El documento, difundido al cumplirse un año de la despenalización del aborto en el estado, sostiene que las reformas de 2024 no se han traducido en un acceso real y efectivo, ya que persisten resistencias institucionales y ambigüedades jurídicas que siguen tratando la interrupción del embarazo como una conducta penal.
Los Servicios de Salud reportaron 136 atenciones sin precisar sedes y con riesgo a la salud como causal principal, pese a que esa figura fue eliminada en la reforma de 2024. El IMSS informó 71 procedimientos en dos hospitales: 64 en el General de Zapata en Soledad de Graciano Sánchez (dos voluntarios) y siete en el General de Ciudad Valles (seis por violación). El ISSSTE no entregó información en el periodo analizado.
El informe advierte además falta de capacitación y protocolos en las instituciones públicas. Los Servicios Estatales reportaron solo dos cursos para personal médico y el IMSS ninguno. En el sector estatal, únicamente el Hospital del Niño y la Mujer no cuenta con personal objetor de conciencia, mientras que en clínicas del IMSS 66 de 82 ginecólogos se declararon objetores, lo que reduce aún más la disponibilidad de atención.
En el rubro presupuestal, el recurso federal destinado a ILE aumentó de 446 mil pesos en 2024 a 2.2 millones en 2025, pero menos de la mitad se ha ejercido. El monto para medicamentos cayó de 223 mil 800 a 83 mil 984 pesos y, a la fecha del corte del informe, los fármacos de este año no habían sido adquiridos.
Las colectivas recalcaron que, aunque la despenalización fue un avance histórico, el modelo de acceso sigue siendo parcial y limitado, por lo que instaron a clarificar lineamientos clínicos, garantizar abasto y capacitación, y asegurar que la objeción de conciencia no obstruya el derecho a decidir.
