Un fallo del Poder Judicial de la Federación garantizó la permanencia del Área Natural Protegida (ANP) del Paseo de la Presa y ordenó a autoridades estatales y federales emitir de manera inmediata el plan de manejo de esta zona ambiental, informó la organización Cambio de Ruta.
La resolución quedó establecida desde el pasado primero de este mes, cuando el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito resolvió el amparo 744/2023, promovido por ocho integrantes del colectivo ambientalista, encabezados por el abogado Luis González Lozano.
Con esta sentencia, se cierra un litigio que se prolongó durante nueve años. El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando integrantes de la comunidad de San José Buenavista se inconformaron contra la declaratoria emitida por el gobierno estatal en 1996, mediante la cual se estableció como Área Natural Protegida —en la modalidad de parque urbano— una superficie de 344 hectáreas conocida como Paseo de la Presa.
La comunidad argumentó que dicha declaratoria afectaba pastos y cuerpos de agua de uso comunal, por lo que promovió un juicio de amparo. En primera instancia, el juzgado resolvió el sobreseimiento de la demanda; sin embargo, esta decisión fue impugnada en al menos tres ocasiones, lo que prolongó el proceso durante casi una década. A ello se sumaron cambios en la integración del tribunal, lo que retrasó aún más la resolución definitiva.
Finalmente, el Tribunal Colegiado determinó no modificar el sobreseimiento original y, al mismo tiempo, ordenó a las autoridades ambientales competentes emitir el plan de manejo del ANP, un instrumento que había permanecido pendiente durante años y que resulta clave para definir los criterios de conservación, uso y protección del área.
De acuerdo con Cambio de Ruta, si la impugnación hubiera prosperado, el resultado habría sido la desaparición de la protección legal del Paseo de la Presa, dejando la zona expuesta a proyectos inmobiliarios y a una pérdida irreversible de su valor ambiental, ecológico y social.
La organización sostuvo que la sentencia “ratifica la legalidad del Área Natural Protegida y frena un intento de desmantelar su protección ambiental con fines inmobiliarios, promovidos y alentados por diversos actores políticos con intereses patrimoniales y económicos en la región”.
Con este fallo, subrayó el colectivo, se fortalece la defensa jurídica de las áreas naturales protegidas en San Luis Potosí y se establece un precedente relevante frente a presiones económicas que buscan modificar el uso de suelo en zonas con alto valor ambiental.
