martes, enero 20, 2026

Quedará vacante la Fiscalía de Delitos Electorales tras renuncia de su titular

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La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado quedará vacante a partir del 29 de diciembre de 2025, luego de que su titular, Luis Fernando González Macías, presentara su renuncia irrevocable para incorporarse como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La renuncia fue notificada al Congreso del Estado mediante un oficio fechado el 26 de noviembre, en el que González Macías solicitó que se informara su ausencia definitiva conforme a lo establecido en la Constitución local, al tratarse de un cargo que no requiere ratificación legislativa. El documento fue recibido un día después y posteriormente turnado a la Comisión Primera de Justicia, a fin de iniciar el procedimiento correspondiente.

Con este trámite, el Poder Legislativo deberá notificar al Ejecutivo estatal para que se integre una nueva terna y se designe a la persona que encabezará la Fiscalía Electoral. González Macías ocupaba el cargo desde diciembre de 2023 y su nombramiento estaba previsto hasta 2030.

En tanto se concreta el relevo, el fiscal saliente informó que se encontraba a la espera de que la Fiscalía General del Estado defina quién recibirá los recursos humanos y materiales de la dependencia, con el objetivo de formalizar la entrega-recepción antes de su salida. Esta instrucción, señaló, fue comunicada por la titular de la FGE, María Manuela García Cázares.

La renuncia ocurrió después de que el Senado de la República ratificara, a finales de noviembre, su nombramiento como magistrado del TFJA por un periodo de diez años, cargo que iniciará funciones el próximo 4 de enero. La designación fue avalada con mayoría calificada por Morena y sus aliados, en una sesión marcada por cuestionamientos de la oposición sobre la cercanía partidista de algunos perfiles.

En medio de este proceso, González Macías formalizó su afiliación a Morena, hecho que fue difundido por la dirigencia estatal del partido y respaldado por legisladores locales. El magistrado federal electo rechazó que su militancia influyera en su nombramiento o representara un conflicto de intereses, al asegurar que su designación respondió exclusivamente a la evaluación de su trayectoria profesional.

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