Los despidos en el Poder Judicial de San Luis Potosí marcaron el inicio de 2026, luego de que decenas de trabajadores con antigüedad y, en algunos casos, basificación, fueran separados de sus funciones en áreas consideradas complementarias, lo que ha generado preocupación por una posible purga interna.
El arranque del año trajo consigo una serie de despidos inéditos dentro del Poder Judicial del Estado, donde trabajadores en activo comenzaron a ser separados de sus cargos sin previo aviso, aun cuando varios de ellos contaban con más de cinco años de antigüedad e incluso con base laboral.
De acuerdo con testimonios recabados entre personal afectado, se trataría de al menos 60 trabajadores señalados para su salida, de los cuales, hasta la mañana del miércoles, 54 ya habían sido despedidos formalmente. La medida alcanzó a personal que desempeñaba funciones de apoyo esenciales para la operación cotidiana de juzgados y salas.
Las notificaciones se realizaron de manera abrupta. Desde temprano, responsables del área de recursos humanos del Poder Judicial comenzaron a informar a los trabajadores sobre su baja, mientras que de forma simultánea se les desactivó el sistema de reconocimiento facial, impidiéndoles el acceso a las instalaciones de Ciudad Judicial.
En varios casos, los propios secretarios de acuerdos fueron instruidos para citar a los trabajadores bajo el argumento de trámites administrativos. Al llegar, se encontraron con que ya no podían ingresar al sistema. Otros se enteraron hasta intentar entrar a sus centros de trabajo, pues no fueron localizados previamente por teléfono.
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Los trabajadores despedidos realizaban labores como mozos y escribientes, y prestaban servicios tanto en el sistema penal tradicional como en los juzgados de oralidad, así como en salas y juzgados de distintas materias. Su trabajo, aseguran, era parte fundamental del funcionamiento diario del Poder Judicial.
Una de las principales preocupaciones entre el personal afectado es que los despidos abran paso a la contratación de nuevos trabajadores recomendados por los magistrados recientemente incorporados, lo que alimenta la percepción de una reconfiguración interna basada en afinidades y no en criterios laborales.
A diferencia de años anteriores, cuando los conflictos laborales del Poder Judicial se concentraban principalmente en jubilaciones y pensiones, esta es la primera ocasión en la que se registra una salida masiva de trabajadores en activo, varios de ellos con contratos de larga duración.
Los empleados despedidos se encuentran tanto en la capital como en municipios del interior del estado. De acuerdo con la información disponible, el trabajador con menor antigüedad tenía al menos dos años y medio de servicio, mientras que otros superaban el lustro dentro de la institución.
Hasta el momento, las autoridades del Poder Judicial no han emitido una postura pública sobre los despidos ni han aclarado si estas separaciones forman parte de una reestructuración administrativa o de un ajuste presupuestal, lo que mantiene en incertidumbre a los trabajadores afectados y a quienes aún permanecen dentro del sistema.
