A un año de la entrada en vigor del impuesto ambiental en San Luis Potosí, persisten señalamientos por falta de transparencia en la recaudación y en el destino de los recursos, lo que ha debilitado su carácter ambiental y ha reforzado la percepción de que se trata de una medida meramente recaudatoria.
El presidente de la asociación civil Cambio de Ruta, Luis González Lozano, afirmó que pese a la presentación de solicitudes formales de información, la autoridad no ha entregado datos detallados, desagregados ni verificablessobre el manejo del impuesto. “Sin transparencia, el impuesto se percibe como recaudatorio y no como ambiental”, sostuvo.
El activista explicó que para que este instrumento fiscal funcione como un verdadero motor de sostenibilidad y desarrollo, debe estar directamente vinculado a proyectos ambientales concretos, con impacto medible en áreas como calidad del aire, gestión del agua, restauración ecológica y mitigación de daños ambientales.
Añadió que el diseño del impuesto debe incluir planeación clara, indicadores de resultados y rendición de cuentas periódica, ya que sin estos elementos pierde su razón de ser. “Debe existir planeación, indicadores de resultados y rendición de cuentas; de lo contrario, el impuesto pierde su carácter ambiental”, puntualizó.
Respecto a los incentivos fiscales recientemente anunciados por el Gobierno del Estado para determinados sectores, como empresas de nueva creación o aquellas con ciertos niveles de emisiones de bióxido de carbono (CO₂), González Lozano consideró que podrían ser positivos únicamente si cumplen condiciones estrictas. Señaló que estos incentivos deben ser transparentes, temporales y condicionados a resultados ambientales verificables, pues de lo contrario existe el riesgo de generar inequidades y “premiar certificados sin impacto ambiental real”.
El presidente de Cambio de Ruta subrayó que actualmente no existe evidencia pública suficiente que demuestre que el impuesto ambiental esté generando cambios reales en las prácticas empresariales o mejoras ambientales medibles. “Sin información sobre qué proyectos se financian, con qué montos y con qué resultados, no puede afirmarse que el impuesto esté incentivando prácticas sostenibles”, expresó.
Finalmente, González Lozano indicó que para 2026 lo que se espera es transparencia plena, acceso a la información ambiental, reglas claras de aplicación y una evaluación pública del impacto del impuesto. Advirtió que, de no atenderse estos puntos, el conflicto social, jurídico y empresarial en torno al impuesto ambiental continuará, como ya se refleja en litigios y exigencias ciudadanas.
