La crisis en la Facultad de Derecho de la UASLP marcó un punto de quiebre que obliga a replantear la forma en que opera la institución, reconoció Georgina González Cázares, directora electa de la Facultad, tras el proceso que derivó en la renuncia del exdirector Germán Pedroza Gaitán. La académica admitió que no es posible continuar con normalidad después de los hechos registrados y subrayó la necesidad de asumir responsabilidades institucionales.
En entrevista, González Cázares sostuvo que el primer paso para avanzar es nombrar lo ocurrido y reconocer los errores cometidos. Señaló que la Facultad enfrenta una situación compleja que requiere un proceso de “operación cicatriz” al interior de la comunidad universitaria, con el objetivo de restablecer condiciones mínimas de confianza y funcionamiento. Indicó que ya se contemplan actividades con perfiles especializados en mediación, restauración y construcción de paz, como parte de una estrategia integral.
La directora electa reconoció que la respuesta institucional frente a la crisis en la Facultad de Derecho de la UASLP ha sido fragmentada y que no puede resolverse mediante acciones aisladas. En ese sentido, planteó la necesidad de articular medidas que incluyan seguridad, prevención y atención emocional, dirigidas tanto a estudiantes como a docentes, ante el impacto que los acontecimientos han tenido en la vida académica.
Uno de los ejes centrales de su gestión, explicó, será cerrar los vacíos de autoridad y presencia que históricamente se han presentado en determinados horarios dentro de la Facultad. Afirmó que la ausencia de supervisión genera condiciones de riesgo, por lo que consideró indispensable que la dirección mantenga una presencia física constante en las instalaciones universitarias.
González Cázares también se refirió a la división interna que dejó el proceso de designación de la nueva dirección. Consideró prioritario reconstruir la confianza entre quienes respaldaron distintos proyectos y quienes optaron por no participar, al insistir en que la institución falló y que es necesario reconocerlo para iniciar una transición interna ordenada.
Respecto a la impugnación promovida por un docente ante instancias externas a la Universidad, aclaró que el procedimiento continúa abierto y que será respetuosa del curso legal. Precisó que no ha intervenido ni intervendrá en ese proceso y que corresponderá a la autoridad federal emitir una resolución.
Finalmente, señaló que cuenta con el respaldo de la rectoría, del Consejo Directivo Universitario y de la administración central, apoyo que consideró fundamental debido al carácter excepcional de la crisis en la Facultad de Derecho de la UASLP. Su toma de protesta formal se realizará en la próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario.
