En poco más de una semana, México ha conseguido dos golpes quirúrgicos en un tablero donde cada movimiento cuenta. Dos capturas de alto perfil, ambas de objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses —en particular para el Federal Bureau of Investigation— y, no por casualidad, ejecutadas mientras el director de la agencia, Kash Patel, uno de los rostros más duros del trumpismo, se encontraba de visita en el país.
Las detenciones se suman a la entrega previa de 37 capos y se producen en un momento especialmente delicado de la relación bilateral. La reciente operación militar en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, y la cercanía de las elecciones intermedias en Estados Unidos han elevado la presión sobre México. En ese contexto, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado una estrategia doble: negociaciones discretas a puerta cerrada y una puesta en escena pública de resultados contundentes, con un objetivo claro: alejar el fantasma de una intervención estadounidense en territorio mexicano.
En Palacio Nacional confían en que cada captura, cada decomiso y cada laboratorio desmantelado sirva como una ficha más para apaciguar al cada vez más imprevisible presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca un golpe de efecto que eleve su aprobación rumbo a los comicios que renovarán ambas cámaras en Washington.
Los esfuerzos recientes no se han limitado al combate al narcotráfico. El sábado pasado, la policía mexicana detuvo a Alejandro Rosales Castillo, un fugitivo con ficha de búsqueda y orden de arresto con fines de extradición, acusado del homicidio de una mujer en Carolina del Norte en 2016.
El viernes, el foco volvió a encenderse con otro nombre: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, acusado de tráfico de drogas y de varios homicidios en Estados Unidos. Wedding fue enviado a territorio estadounidense bajo custodia del FBI después de haberse entregado en la embajada de Washington en México. Según la agencia federal, llevaba más de una década oculto en el país y dirigía una red transnacional de tráfico de cocaína que movía cientos de kilos desde Colombia, atravesando México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá, como integrante del Cártel de Sinaloa.
Tanto Rosales Castillo como Wedding figuraban en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, un detalle que no pasó desapercibido ni en Washington ni en Ciudad de México.
Detrás de estos movimientos se encuentra una relación aceitada entre los gabinetes de seguridad de ambos países, particularmente con el FBI y con el United States Northern Command. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que “el Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios”.
Durante su estancia, Patel sostuvo dos reuniones de alto nivel: una con el equipo de García Harfuch y otra con la Fiscalía General de la República, en la que también participó el embajador estadounidense Ronald Johnson.
Cada operación ha sido acompañada por una estrategia de comunicación cuidadosamente calibrada. Los comunicados oficiales insisten en frases clave: “trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones”, “pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, “responsabilidad compartida como principio rector”. Es la misma narrativa que defendió Sheinbaum cuando, la semana pasada, un avión militar estadounidense aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. La presidenta aclaró entonces que se trataba de un programa de capacitación para policías mexicanos, enmarcado en la cooperación binacional y “regulado por el sistema de seguridad nacional”.
En medio de las presiones y amenazas que llegan desde el norte del Río Bravo, esa retórica también ha sido respaldada por el embajador Johnson. Tras la tercera tanda de entregas de presos, afirmó que la relación entre ambos países atraviesa su momento “más cooperativo” en décadas. “Desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica. La transferencia realizada demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas”, declaró.
El tono cambia cuando la voz proviene del Departamento de Justicia. La fiscal general Pam Bondi reaccionó al traslado de los detenidos con una lectura mucho más enfocada en el rédito político interno: “Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir a los cárteles. Pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense”.
En la disputa por el relato, Sheinbaum concedió que la entrega de los detenidos fue precedida por una solicitud formal del United States Department of State, pero subrayó un matiz clave: cada caso fue evaluado desde la óptica de la política de seguridad, de la seguridad nacional y de la soberanía mexicana.
