Los titulares y mandos superiores de los nueve órganos autónomos que reciben recursos del presupuesto estatal en San Luis Potosí se encuentran entre los funcionarios mejor pagados del estado, con ingresos que superan el millón de pesos anuales y que, en varios casos, rebasan incluso el salario del gobernador y de la presidenta de la República, una situación que contraviene la Constitución federal y la local.
De acuerdo con una revisión a los tabuladores anexos a la Ley de Presupuesto de Egresos vigente, al menos 75 funcionarios de organismos autónomos perciben remuneraciones que van de un millón a más de dos millones y medio de pesos anuales.
La lista la encabeza la titular de la Fiscalía General del Estado, con ingresos totales por 2 millones 533 mil 821 pesosal año. En el mismo rango salarial se encuentran integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). La presidencia del organismo electoral percibe 2 millones 488 mil pesos, mientras que cada uno de los seis consejeros recibe 2 millones 354 mil 738 pesos anuales.
Este dato contrasta con los señalamientos recurrentes del propio Ceepac sobre presuntas carencias presupuestales, al grado de haber sido identificado por el Instituto Nacional Electoral como uno de los organismos electorales estatales con mayores dificultades financieras.
En el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la presidencia tiene asignado un ingreso anual de 2 millones 174 mil pesos, mientras que el resto de los magistrados perciben 1 millón 919 mil 566 pesos. Por su parte, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) cuenta con una remuneración de 2 millones 063 mil pesos.
Estos salarios superan el ingreso anual autorizado para el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, que asciende a 1 millón 330 mil 792 pesos, así como el de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que representa una violación directa a los límites salariales establecidos en la legislación vigente.
En otros órganos autónomos, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene un salario anual de 1 millón 603 mil 122 pesos, mientras que la persona titular de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) percibe 1 millón 442 mil 913 pesos, y sus dos comisionados poco más de 1 millón 423 mil pesos cada uno.
Por debajo del límite salarial del Ejecutivo estatal se ubican únicamente el titular de la Sistema Estatal Anticorrupción, con 1 millón 215 mil 740 pesos, y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien percibe 1 millón 142 mil 863 pesos netos, sin que en su caso se incluyan prestaciones dentro del desglose presupuestal.
El contraste entre los discursos de austeridad, las quejas por falta de recursos y los salarios asignados a las cúpulas de los órganos autónomos vuelve a colocar en el centro del debate el cumplimiento real de las normas salariales y la congruencia en el ejercicio del gasto público en San Luis Potosí.
