El abogado y activista ambiental Luis González Lozano, director de la organización civil Cambio de Ruta A.C., acusó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de emitir expresiones de criminalización en contra de la asociación, luego de que su titular, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtiera que podría valorarse la imposición de responsabilidades por la presentación sistemática de amparos contra obras estatales.
Lo anterior ocurrió después de la promoción de un nuevo recurso legal en contra de la rehabilitación y ampliación del centro acuático Splash, ubicado al interior del Parque Tangamanga I. El funcionario estatal sostuvo que la constante interposición de juicios evidenciaría que la organización es opositora al desarrollo de San Luis Potosí, declaraciones que se dieron tras la presentación de un juicio de amparo indirecto en materia ambiental y de derechos humanos.
Ante estos señalamientos, González Lozano rechazó que la promoción de recursos legales pueda interpretarse como una acción en contra del desarrollo del estado y afirmó que se trata del ejercicio legítimo de derechos de participación ciudadana y defensa ambiental reconocidos por la ley.
El activista detalló que el recurso fue presentado el pasado 28 de enero ante juzgados federales del Noveno Circuito Judicial y tiene como objetivo frenar la ejecución, autorización y financiamiento del proyecto mientras no se acredite su legalidad, al advertirse presuntas omisiones e irregularidades en materia ambiental, hídrica y de participación pública.
Añadió que este tipo de posicionamientos por parte de autoridades estatales vulneran el contenido y el espíritu del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México que obliga a las autoridades a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
González Lozano señaló que desde hace varios años se desempeña como activista jurídico climático y que, a través de Cambio de Ruta, ha impulsado litigios estratégicos para la protección de derechos colectivos, entre ellos la defensa del Sierra de Álvarez, considerada Área Natural Protegida.
