El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila desechar la demanda promovida por la magistrada potosina Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien recurrió a la vía electoral para intentar conservar, durante 12 años, su plaza como secretaria proyectista dentro del propio tribunal federal mientras ejerce su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE).
El asunto quedó radicado en el expediente SUP-JDC-43/2026, en el que la Sala Superior analiza un anteproyecto que propone desechar la demanda al considerar que el conflicto planteado no tiene naturaleza electoral, sino que corresponde al ámbito administrativo-laboral.
Zarazúa Martínez fue electa magistrada estatal el 1 de junio de 2025. Antes de asumir ese encargo, se desempeñaba como secretaria proyectista en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí.
La controversia se originó cuando la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial (OAJ) le negó la prórroga de una licencia indefinida sin goce de sueldo. La magistrada solicitó que dicho permiso se extendiera por los 12 años que dura su encargo jurisdiccional; sin embargo, el 7 de enero de 2026, la autoridad administrativa determinó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece como límite máximo un año para este tipo de licencias.
Ante la negativa, Zarazúa Martínez promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al sostener que la decisión carecía de debida fundamentación y motivación. Argumentó además que la imposibilidad de conservar su plaza federal afecta su antigüedad, su proyecto de vida y, de manera indirecta, su derecho a ser votada, al impedirle reincorporarse al Poder Judicial de la Federación una vez concluido su periodo como magistrada local.
El anteproyecto, elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y sustentado en criterios previos como el expediente SUP-JDC-2406/2025, plantea desechar de plano la demanda y dejar a salvo los derechos de la promovente para que acuda a la vía legal que estime pertinente.
El documento ya fue circulado entre las magistraturas de la Sala Superior para su discusión, aunque aún no constituye una resolución definitiva y deberá ser sometido a votación del pleno del TEPJF.
