El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, planteó la necesidad de impulsar una reforma política eficiente que incluya exámenes de control y confianza, así como pruebas toxicológicas, para quienes aspiren a cargos de elección popular, particularmente a las presidencias municipales.
Al ser cuestionado sobre si esta modificación legislativa buscaría establecer “candados” para evitar casos como el de José Reyes Martínez Rojas, candidato electo del municipio de Venado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM), quien se registró como mujer, el mandatario rechazó que se trate de “guillar” o excluir a alguien.
Gallardo Cardona sostuvo que dicho caso no puede considerarse un fraude, al señalar que cada persona tiene derecho a decidir cómo desea ser identificada. “No se trató de ningún fraude; cada quien puede expresar cómo quiere que se le dirijan”, afirmó, al considerar que una mujer puede optar por competir bajo distintas modalidades dentro del marco legal.
En entrevista, el gobernador recordó que, tras el veto a la llamada “Ley gobernadora” o “Ley esposa”, todos los perfiles podrán competir en igualdad de condiciones en los próximos procesos electorales, sin restricciones basadas en parentescos o relaciones personales.
No obstante, subrayó que el eje central de una eventual reforma debería estar en la revisión de los perfiles que buscan gobernar municipios, con el objetivo de evitar que personas con vínculos delictivos accedan al poder público, como —dijo— ha ocurrido en otras entidades del país, particularmente en algunos municipios de Jalisco.
“Yo iría por un tema de cuidar que los perfiles que vayan a contender en las presidencias municipales no se conviertan después en criminales. Eso sería más loable: hacer una buena reforma de control y confianza para quienes quieran ir a cargos de elección popular, además de exámenes toxicológicos”, puntualizó.
El mandatario insistió en que la intención no es restringir derechos políticos, sino fortalecer la calidad institucional y prevenir que los gobiernos municipales se conviertan en espacios vulnerables a la infiltración del crimen organizado.
