Desde la administración estatal no existen prácticas de intimidación contra la ciudadanía, porque “el estado no persigue”, aseveró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí.
Lo anterior, luego de que Juan Ramón Infante, vicepresidente de Coparmex en Matehuala y padre de uno de los jóvenes fallecidos en el caso Rich, acusara presuntos actos de intimidación por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) a través de inspecciones realizadas en dos de sus empresas.
En entrevista, el funcionario estatal dijo desconocer qué motivó la postura del empresario ante los medios de comunicación y rechazó cualquier señalamiento de persecución institucional.
“No sé de dónde haya nacido o que solo en su imaginación existe. Nosotros (como Gobierno del Estado) no nos ocupamos de eso”, declaró Torres Sánchez.
El secretario general reiteró que el Gobierno estatal no mantiene acciones dirigidas a intimidar a ciudadanos o empresarios, y sostuvo que las labores de inspección que realizan las dependencias corresponden a sus atribuciones legales.
