Integrantes de colectivas feministas advirtieron que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no debe cancelarse sin antes transparentar resultados reales y garantizar condiciones efectivas para erradicar la violencia feminicida en San Luis Potosí.
El documento fue dirigido a autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno federal; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado; María Manuela García Cázares, fiscal general; y Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital. También incluyeron a representantes del Poder Judicial y organismos autónomos.
Las firmantes subrayaron que la AVGM no es un listado de acciones administrativas para “palomear”, sino un mecanismo diseñado para erradicar la violencia feminicida, la cual puede o no culminar en la muerte de una mujer.
Cuestionan cifras oficiales y opacidad
Las colectivas advirtieron que el eventual levantamiento de la AVGM no puede sustentarse únicamente en cifras oficiales. Señalaron un contexto de opacidad y falta de rigor metodológico en la clasificación de muertes violentas de mujeres.
También señalaron deficiencias en la transparencia de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia. Afirmaron que estas fallas ponen en duda la consistencia de los datos y las narrativas sobre una supuesta disminución de casos.
Antes de cancelar la AVGM, consideraron indispensable transparentar indicadores de impacto, fortalecer la coordinación entre estado y municipios, garantizar participación ciudadana efectiva y publicar informes con respaldo documental. Además, pidieron asignar presupuestos con perspectiva de género y elaborar estudios actualizados sobre la violencia feminicida en los municipios involucrados.
A casi nueve años de la declaratoria, afirmaron que el cumplimiento parcial de actividades no puede asumirse como meta suficiente.
Justicia y reparación, condiciones indispensables
Las colectivas recordaron que la justicia y la reparación integral son condiciones esenciales. Exigieron investigaciones exhaustivas, sanciones a servidores públicos omisos y reconocimiento público de responsabilidad.
Mencionaron como precedente obligatorio la sentencia de 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Karla Pontigo.
Concluyeron que mientras no existan condiciones reales para garantizar una vida libre de violencia y reparación para las víctimas, la AVGM no puede levantarse.
