Con mil 500 carpetas de investigación abiertas en 2025 por desaparición de personas en San Luis Potosí y otras 30 iniciadas antes del 15 de enero de 2026, la crisis continúa en crecimiento.
Así lo señaló Edith Pérez Rodríguez, vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Indicó que a esas cifras se suman expedientes acumulados desde 2018, cuando comenzó a operar la Unidad Especializada, así como registros forenses que datan desde 2006. Añadió que en Servicios Periciales existe una estadística de cuerpos enviados a la fosa común entre 2006 y 2019.
Las declaraciones surgen tras la aprobación en el Congreso del Estado de San Luis Potosí de la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares. La nueva instancia sustituirá a la Unidad Especializada y armoniza la legislación local con la Ley General vigente desde 2017. Sin embargo, para el colectivo, el problema no se limitaba al cambio de estructura.
Pérez Rodríguez sostuvo que la principal exigencia es garantizar recursos y personal exclusivo para investigar desapariciones. Señaló que, aunque la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí recibe un presupuesto aproximado de 600 millones de pesos, la asignación a la Unidad dependía de decisiones internas.
Explicó que 32 personas fueron contratadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para esa área. No obstante, afirmó que solo 12 laboraban directamente en la Unidad, mientras el resto fue distribuido en otras áreas.
También cuestionó el uso de recursos destinados a búsquedas inmediatas. Aseguró que existe financiamiento para camionetas y apoyos logísticos como gasolina y alimentos cuando se activa una búsqueda urgente, pero señaló que dichos apoyos no les han sido proporcionados. Por ello, afirmó, las familias asumen los gastos con recursos propios.
Aunque reconoció que la Comisión de Víctimas del estado brinda acompañamiento en trámites, advirtió que los viáticos se entregan con una semana de anticipación, lo que complica la reacción inmediata ante reportes urgentes.
