La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó los resultados de la Consulta Universitaria para la reforma del Protocolo PASE (Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación), proceso que se impulsó tras los hechos ocurridos en octubre pasado en la Facultad de Derecho.
El informe integra 601 propuestas recabadas en 22 foros realizados entre noviembre y febrero. En ellos participaron mil 621 integrantes de la comunidad universitaria y 172 moderadores y relatores, en un ejercicio orientado a fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar la violencia de género dentro de la universidad.
Propuestas para fortalecer atención a víctimas
Entre las propuestas más recurrentes se encuentran la separación inmediata del presunto agresor, el acompañamiento psicológico y legal a las víctimas desde el primer contacto, la definición de plazos claros para la investigación y resolución de los casos, así como sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas.
También se planteó crear múltiples vías de denuncia que garanticen seguimiento y confidencialidad, además de implementar capacitación obligatoria para toda la comunidad universitaria y mejorar la difusión de los mecanismos institucionales existentes.
Olivia Salazar Flores, encargada del despacho de la Defensoría de Derechos Universitarios, explicó que algunas propuestas implican nuevas acciones, mientras que otras reflejan el desconocimiento de medidas que ya existen dentro del protocolo.
Indicó que el objetivo del informe es generar mayor claridad sobre los procedimientos y asegurar que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan acceder de manera efectiva a los mecanismos de atención.
Reconocen retos para lograr un campus libre de violencia
Por su parte, el rector de la universidad, Alejandro Zermeño Guerra, reconoció que, pese a los avances desde la implementación del protocolo en 2020, la institución todavía enfrenta desafíos importantes para lograr un entorno universitario libre de violencia.
Señaló que una parte significativa de la comunidad universitaria desconoce la existencia de las Unidades de Igualdad de Género y la operación del Protocolo PASE, lo que ha dificultado la atención adecuada de casos de violencia y acoso sexual.
“Hay que trabajar mucho para buscar efectivamente algo que fue nuestro objetivo desde el 2020: tener una universidad libre de violencia. Se dice muy rápido, es una frase muy corta, pero la verdad es complejo lograrlo”, expresó.
Elaborarán nuevo borrador del protocolo
El Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género será el encargado de revisar las propuestas y actualizar el protocolo.
Se prevé que en un plazo aproximado de cinco semanas se tenga listo un borrador que será presentado ante el Consejo Directivo Universitario (CDU) para su análisis.
La revisión busca fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas, garantizar sanciones efectivas y mejorar la transparencia y el seguimiento de los casos dentro de la universidad.
