La administración del presidente Donald Trump enfrenta posibles sanciones judiciales luego de que autoridades migratorias no devolvieran pertenencias personales a migrantes detenidos y posteriormente liberados por orden de tribunales federales.
Dos jueces federales en Minnesota analizan imponer multas al Gobierno tras denuncias de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no devolvió documentos, dinero y objetos personales a más de dos docenas de migrantes.
Las audiencias forman parte de litigios relacionados con arrestos realizados durante la operación migratoria conocida como Operation Metro Surge.
El fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, compareció ante los jueces John Tunheim y Jeffrey Bryan para responder por la pérdida de pertenencias en al menos 28 casos.
Tunheim realizó una audiencia en Minneapolis en la que evaluó si el Departamento de Seguridad Nacional debe recibir un plazo para devolver los objetos extraviados o compensar económicamente a los afectados.
El juez adelantó que emitirá una orden judicial con un plazo específico para resolver los casos pendientes y advirtió que podrían imponerse multas civiles diarias si el Gobierno no cumple.
Por separado, el juez Bryan analiza si Rosen podría ser declarado personalmente en desacato por el supuesto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la devolución de pertenencias.
El fiscal negó que haya existido desobediencia deliberada y atribuyó el problema a errores administrativos derivados del alto número de liberaciones ordenadas por los tribunales.
“Nadie ha desobedecido deliberadamente. Se han cometido errores, pero eso está muy lejos de constituir desacato al tribunal”, sostuvo.
Abogados de los migrantes aseguran que la pérdida de pertenencias ha tenido consecuencias importantes, ya que muchos de los objetos desaparecidos son esenciales para la vida cotidiana y el trabajo.
Uno de los casos discutidos involucra a un trabajador de la construcción detenido el 5 de enero y trasladado posteriormente a El Paso, donde permaneció más de un mes bajo custodia antes de ser liberado.
Según su abogado, Joshua Rissman, el hombre no recibió varios objetos personales al salir, entre ellos su permiso de trabajo, su tarjeta de seguridad social, cerca de 100 dólares en efectivo y una herramienta que utilizaba en su empleo.
Rosen indicó que el Gobierno está dispuesto a ofrecer compensaciones económicas si algunos de los objetos no pueden ser recuperados.
Otro caso mencionado en las audiencias corresponde a un ciudadano guatemalteco que perdió varias identificaciones, entre ellas documentos consulares y licencias de conducir emitidas en Guatemala y Minnesota.
Según su defensa, recuperar esos documentos podría ser complejo, ya que algunos solo pueden tramitarse en oficinas consulares o directamente en Guatemala.
El juez Tunheim señaló que su próxima orden judicial establecerá un plazo para resolver los reclamos pendientes, ya sea mediante la devolución de los objetos o mediante compensaciones económicas.
De confirmarse incumplimientos, el Gobierno federal podría enfrentar multas diarias hasta que se acaten las órdenes del tribunal.
