Cada diputado del Congreso del Estado de San Luis Potosí representa un costo aproximado de 12 millones 100 mil pesos, de acuerdo con un comparativo nacional presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, en la que expuso el gasto de los Poderes Legislativos estatales.
En la medición difundida por el Gobierno federal, Baja California aparece como el Congreso local con mayor costo por legislador, mientras que Colima se ubica en el último lugar con el menor gasto. Dentro de este comparativo, San Luis Potosí se coloca en un punto intermedio respecto a los recursos destinados por cada diputado.
La exposición de estos datos formó parte de la argumentación del Gobierno federal en torno a la reforma electoral, particularmente del llamado “Plan B”, que será enviado al Congreso de la Unión el próximo 16 de marzo. Con esta propuesta se busca reducir privilegios en congresos locales y municipios, así como establecer límites a los recursos públicos que reciben estas estructuras.
Sheinbaum explicó que la intención central de la iniciativa es disminuir gastos que aún persisten en distintos espacios del poder público y redirigir esos recursos hacia estados y municipios, además de fortalecer mecanismos de participación ciudadana.
“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”, señaló la mandataria al explicar el nuevo planteamiento, luego de que la primera iniciativa de reforma electoral no alcanzó la mayoría calificada necesaria para avanzar en el Congreso federal.
En el caso de San Luis Potosí, el dato de 12.1 millones de pesos por legislador ubica al Congreso local en un rango medio respecto al resto del país, lejos de los montos más elevados, pero también por encima de las entidades con menor costo legislativo.
La presidenta precisó que este cálculo no significa que la totalidad del presupuesto se destine directamente a los legisladores, ya que dentro del gasto de cada Congreso estatal también se consideran sueldos del personal, estructura administrativa, operación interna y compromisos laborales propios del Poder Legislativo.
Durante la exposición, Sheinbaum insistió en que el objetivo de la propuesta no es debilitar a los congresos locales, sino revisar el tamaño del gasto público que absorben las estructuras políticas, en un contexto nacional donde, dijo, la ciudadanía ha cuestionado de manera recurrente el nivel de recursos destinados a partidos e instituciones electorales.
El Gobierno federal estima que la reducción de privilegios y la imposición de límites al financiamiento de estas estructuras podría generar un ahorro cercano a cuatro mil millones de pesos a nivel nacional. Según lo planteado por la presidenta, esos recursos no serían absorbidos por la federación, sino que permanecerían en los estados y municipios para atender necesidades locales.
La presentación del costo por diputado en los congresos estatales reavivó el debate sobre el tamaño, funcionamiento y gasto de los poderes legislativos locales, discusión que ahora tendrá repercusiones en San Luis Potosí tras aparecer la entidad dentro del comparativo nacional presentado por la titular del Ejecutivo federal.
