La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, rechazó los señalamientos de corrupción y cobros indebidos realizados por un grupo de taxistas que se manifestó en la capital potosina y sostuvo que se trata de una “minoría” que no representa al sector.
La funcionaria afirmó que no existe una petición concreta pendiente por parte de los inconformes, pese a que aseguró han mantenido comunicación en reiteradas ocasiones. Añadió que el conflicto ha derivado en acciones que calificó como ilegales, al referirse a episodios en los que operadores detuvieron vehículos particulares en la Plaza de Fundadores.
Sobre las acusaciones, fue contundente al señalar que quien acusa debe presentar pruebas formales, por lo que retó a los manifestantes a interponer denuncias ante las instancias correspondientes. Indicó que ha solicitado revisiones internas a la Contraloría y aseguró que, hasta el momento, no se han detectado irregularidades dentro de la dependencia.
En el ámbito operativo, explicó que la SCT mantiene inspecciones permanentes para detectar transporte irregular. Solo en la zona metropolitana, reportó cerca de 120 unidades fuera de norma en lo que va del trimestre, casos que dijo han sido turnados a la Fiscalía.
Respecto a las quejas por costos elevados en trámites, aclaró que estos no son definidos por la dependencia, sino que corresponden a disposiciones legales, aunque reconoció que se trabaja con la Secretaría de Finanzas en esquemas que permitan mayor accesibilidad.
Martínez Acosta también denunció que la protesta ha escalado a un plano personal, con actos de hostigamiento y violencia en su contra, por lo que no descartó emprender acciones legales. Asimismo, insistió en que el movimiento inconforme no representa al grueso del gremio, al asegurar que cuenta con el respaldo del “99.9%” del sector.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que su administración privilegiará el diálogo para atender las inconformidades, aunque subrayó que cualquier negociación deberá realizarse dentro del marco legal.
Tras el bloqueo registrado en la zona poniente de la ciudad, el mandatario informó que se contempla la instalación de mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la SCT, con el objetivo de construir acuerdos que permitan a los taxistas regularizar su situación y continuar operando conforme a la normatividad vigente.
No obstante, advirtió que, de no alcanzarse consensos, el Gobierno del Estado no descartará la aplicación de otras medidas, al reiterar que el respeto a la ley será el eje para resolver el conflicto.
El posicionamiento oficial se da luego de que integrantes de la organización Taxistas Moviendo a San Luis salieran a las calles para exigir la destitución de la titular de la SCT, al acusar omisiones, presuntos cobros indebidos y una política permisiva hacia plataformas digitales.
