El titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtió que aunque todavía existe margen para formular y aprobar una reforma electoral local antes del inicio del próximo proceso comicial, el Congreso del Estado debe acelerar los trabajos legislativos para que San Luis Potosí llegue a la contienda con reglas actualizadas.
El funcionario señaló que la reforma electoral local apenas se encuentra en etapa de esbozo y avanza contra reloj debido al calendario legislativo que enfrentan las y los diputados.
Explicó que a finales de junio concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo y posteriormente iniciará el periodo vacacional del Congreso del Estado, el cual se extenderá hasta septiembre, cuando serán retomadas las sesiones.
Torres Sánchez indicó que hasta ahora existen algunos planteamientos iniciales relacionados principalmente con homologaciones derivadas de reformas federales; sin embargo, sostuvo que la legislación local no debe limitarse únicamente a replicar modificaciones nacionales.
El secretario consideró que San Luis Potosí cuenta con condiciones territoriales, históricas y políticas particulares, por lo que el análisis legislativo debe incorporar elementos vinculados con la realidad local y no solamente con disposiciones generales aprobadas a nivel federal.
Ese diagnóstico, agregó, debe traducirse en propuestas concretas que permitan construir una reforma electoral adecuada antes del arranque formal del proceso electoral, previsto para la segunda semana de noviembre.
Finalmente, insistió en que aún existe tiempo suficiente para aprobar una reforma electoral, siempre y cuando el Congreso imprima mayor celeridad a los trabajos y evite posponer la discusión para el último tramo del calendario legislativo.
A nivel federal, el Congreso de la Unión prevé avanzar en un paquete de reformas relacionadas con candidaturas vinculadas al crimen organizado, nulidad de elecciones por intervención extranjera y modificaciones a la elección judicial, además de ajustes a leyes secundarias y reformas constitucionales que requerirán el respaldo de los congresos estatales.
Dentro de ese contexto nacional también se contemplan discusiones sobre el uso de inteligencia artificial en procesos electorales, particularmente en casos relacionados con la generación y difusión de información falsa o engañosa, tema que podría impactar futuras reglas locales sobre propaganda, fiscalización y equidad en la contienda.
