El Gobierno de Estados Unidos está investigando a los Gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo (Morena), y de Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena), por sospechas de tener vínculos con el crimen organizado, según Los Angeles Times.
De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, atribuido a múltiples fuentes, la investigación se da en el marco de la campaña del Gobierno de Trump contra altos funcionarios mexicanos ligados al crimen.
A Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, les han sido revocadas sus visas estadounidenses en medio de las indagatorias, según fuentes cercanas a los casos.
Según el LA Times, Durazo es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado. Anteriormente se desempeñó como Secretario de Seguridad de México.
Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, indicaron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La vocera del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, afirmó que es «completamente falsa» la información publicada por LA Times.
Aseguró que el Mandatario estatal cuenta con una visa vigente y que no ha sido notificado de invesitgaicón alguna.
«Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño», escribió en la red X.
«El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos».
«Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia».
En tanto, la investigación contra Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible, según fuentes cercanas al caso retomadas por LA Times.
De acuerdo con las fuentes, Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza a Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso.
Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, es un centro de contrabando de combustible hacia y desde Estados Unidos.
Gerardo Algarín, vocero del Gobierno de Tamaulipas, dijo que los señalamientos son falsos «sin una sola prueba».
«Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya», posteó en la red X.
«Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2)».
«No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado».
«Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas. (2/2)».
Explica periodista de LA Times investigación
Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times, afirmó que lo que se sabe es que los Mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, están bajo investigación, pero no se conoce si vendrían cargos en contra de ellos.
«Lo que no se sabe es si…, lo único que se sabe es que están bajo investigación los dos gobernadores en Estados Unidos, si vienen cargos o no, eso no se sabe», expresó en entrevista con Radio Fórmula.
Explicó que según sus fuentes, los Mandatarios tienen un permiso para entrar a Estados Unidos que se denomina «Significant Public Benefit». Ese permiso, agregó, es para las personas que no tienen visa pero entran a Estados Unidos a cooperar con autoridades.
«Justo revocaron la visa de los dos gobernadores y me dicen mis fuentes que están bajo investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en México».
«Lo que es importante destacar es que mientras sí revocaron sus visas les están permitiendo acceso al país de Estados Unidos bajo un permiso conocido como un parole, un parole que en inglés se llama Significant Public Benefit, que quiere decir un beneficio muy importante al público de Estados Unidos, lo cual quiere decir a las autoridades de Estados Unidos, generalmente ese permiso está aprovechado para personas que no tienen visa pero que necesitan entrar al país para cooperar con autoridades de Estados Unidos, sea un gran jurado o para proveer evidencias en contra de una persona bajo investigación».
«Lo que no puedo decir es que si o no esos dos gobernadores están cooperando. Lo que puedo decir es que tienen ese tipo de permiso de entrar al país».
Agregó que la información de la revocación de las visas la tiene de «fuentes muy verídicas».
«Directamente me respondió el Gobernador de Tamulipas diciendo que lo que pongo, los puntos en mi artículo son sumamente falsos y bueno, ese es su punto de vista pero yo tengo de fuentes muy verídicas que su visa está cancelada y que tiene este permiso para entrar a Estados Unidos», dijo entrevistado en Radio Fórmula.
«Además, cuando llega a la frontera para entrar a Estados Unidos a veces está escoltado por autoridades desde la frontera hasta su destino, por autoridades de Estados Unidos».
«Es muy importante destacar, cuando ya se revoca más cuando se revoca por presuntos vínculos con el crimen organizado o vínculos con un grupo designado como terrorista por Estados Unidos, es sumamente difícil recuperar esa visa, es muy complicado, lo que me dicen mis fuentes. La única forma en que podrían entrar al país los dos gobernadores, uno de Sonora y otro de Tamaulipas es por un permiso especial que les ha proveído el Gobierno».
Ante las respuestas en redes de los Gobiernos de Sonora y de Tamaulipas, Fisher aseguró que se mantiene en lo dicho en su artículo.
«Yo me mantengo firme en mí articulo y lo que dije respecto a la información de su visa».
«Respeto mucho su punto de vista y me mantendré firme en lo que digo en el artículo».
En abril, el Departamento de Justicia reveló graves cargos penales contra miembros prominentes del partido de Sheinbaum, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se le acusó, junto con otros nueve funcionarios actuales y anteriores, de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.
