En lo que va de la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, 35 elementos de distintas corporaciones de seguridad han muerto en el cumplimiento de su deber, principalmente durante enfrentamientos con integrantes del crimen organizado, de acuerdo con un recuento hemerográfico basado en información de la organización Causa en Común.
Aunque la asociación contabiliza 37 casos, el recuento excluye dos: el de un exelemento policiaco asesinado en marzo de 2023 en Matehuala y el de una integrante de la Guardia Civil Estatal que fue privada de la vida por su pareja, también policía estatal, en febrero del mismo año en Soledad de Graciano Sánchez.
Del total de policías fallecidos, 14 pertenecían a corporaciones municipales, 13 a la Guardia Civil Estatal (GCE), cinco a la Policía de Investigación (PDI) y tres a la Guardia Nacional (GN). Esto significa que cuatro de cada diez víctimas eran elementos de las direcciones de Seguridad Pública Municipal.
Asimismo, el registro indica que 33 de las víctimas eran hombres y dos mujeres. En 32 casos los policías se encontraban en funciones de vigilancia, mientras que tres fueron asesinados cuando estaban fuera de servicio.
El recuento incorpora a los tres elementos de la Guardia Civil Estatal que habrían fallecido durante el ataque armado registrado este domingo en la comunidad de Cerritos, en la delegación de La Pila. Sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado únicamente ha confirmado dos policías fallecidos y un elemento lesionado.
Sobre este hecho, el titular de la SSPC estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si los agresores utilizaron un vehículo con explosivos, como ha trascendido en versiones extraoficiales, aunque aclaró que esa información aún debe ser corroborada por las autoridades ministeriales.
El funcionario explicó que los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron atacados. Señaló que el enfrentamiento fue de corta duración y que posteriormente acudieron corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar el operativo.
Durante la persecución fue detenido un presunto integrante del grupo agresor, quien, de acuerdo con la SSPC, arrojó ponchallantas para dificultar el avance de las patrullas mientras intentaba escapar.
Juárez Hernández reconoció que, aunque las corporaciones han fortalecido sus capacidades operativas para enfrentar al crimen organizado, existen hechos en los que no es posible evitar la pérdida de elementos policiales.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos e informó que los deudos recibirán un apoyo económico de un millón de pesos, además de una vivienda, como parte de las prestaciones establecidas para quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber.
