Pueblos originarios de la Huasteca Potosina exigieron que la prohibición de la fracturación hidráulica (fracking) anunciada por el Gobierno Federal se formalice mediante un decreto presidencial, al considerar que los pronunciamientos públicos no ofrecen garantías jurídicas suficientes para proteger sus territorios.
La petición fue realizada a través de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP), cuyos representantes señalaron que las comunidades requieren certeza legal para impedir que esta técnica pueda aplicarse en la región, particularmente en zonas comprendidas dentro de la Cuenca Tampico-Misantla.
Los representantes indígenas manifestaron que existe desconfianza frente a los anuncios realizados por las autoridades federales, por lo que esperan que el compromiso se traduzca en una disposición formal que pueda ser exigida y aplicada jurídicamente.
«Ahora esperamos que lo anunciado por la Federación se transforme en decreto que garantice que sea aplicado jurídicamente, y haya real protección al medio ambiente y en ejercicio de los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas», expresaron.
Las organizaciones consideraron que una prohibición formal del fracking representaría un avance después de años de movilización y resistencia comunitaria; sin embargo, insistieron en la necesidad de establecer un mecanismo jurídico permanente que impida que futuras administraciones autoricen nuevamente este tipo de proyectos.
Además, solicitaron que la prohibición se extienda a todo el país mediante una reforma al artículo 27 de la Constitución. En ese sentido, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para acelerar el análisis de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 de noviembre de 2025, la cual retoma una propuesta presentada por el entonces presidente de México.
Mientras se define el alcance de las medidas federales, las comunidades anunciaron que continuarán realizando asambleas para emitir actas de rechazo y promover acuerdos de cabildo que impidan cambios de uso de suelo relacionados con proyectos de extracción mediante fracturación hidráulica.
Asimismo, informaron que mantendrán los foros regionales para fortalecer la protección del territorio indígena, el agua y los ecosistemas. De acuerdo con sus representantes, la meta es obtener el pronunciamiento de las 367 comunidades ubicadas dentro de los polígonos considerados de posible afectación.
Hasta el momento, señalaron que 15 municipios de la Huasteca Potosina ya se han pronunciado en contra del fracking y de la autorización de cambios de uso de suelo relacionados con esta actividad. Solo restan San Vicente y Tampacán para completar los 17 municipios de la región con presencia en los polígonos considerados para la eventual extracción de hidrocarburos mediante esta técnica.
Las organizaciones también plantearon llevar la discusión a otras regiones del país, particularmente a las cuencas Sabinas y Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde, según expusieron, existen proyectos piloto que contemplan el uso de agua salada para la fracturación hidráulica.
De acuerdo con la información presentada, ambas cuencas abarcan aproximadamente 27 mil 593 kilómetros cuadrados y concentran una población cercana a 1.3 millones de personas, además del pueblo indígena kikapú.
Los representantes comunitarios sostuvieron que cualquier decisión relacionada con el fracking debe considerar no solo sus posibles impactos ambientales, sino también las implicaciones sociales y los derechos colectivos de las comunidades asentadas en los territorios donde podrían desarrollarse estos proyectos.
Finalmente, reiteraron que la prohibición de la fracturación hidráulica debe dejar de ser un anuncio político para convertirse en una disposición jurídica que garantice la protección del agua, los territorios indígenas y los ecosistemas de la Huasteca Potosina.
