La Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene vía libre para ir tras los empresarios que indebidamente compraron bonos privados fantasma sin respaldo con 800 millones de pesos de la extinta Segalmex.
Se trata de los chiapanecos René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, quienes perdieron la última oportunidad que tenían para eliminar 15 pruebas que la FGR utilizará para llevarlos a juicio por invertir recursos públicos en bonos de deuda emitidos por una casa de bolsa, con la promesa de que se les devolverían con rendimientos anuales del 11 por ciento.
Pero estas operaciones estaban respaldadas con fideicomisos vacíos, constituidos previamente por las empresas de Dávila, sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Así, no sólo serán procesados altos mandos de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sino también personajes externos que se confabularon en el presunto desvío y manejo irregular de recursos públicos.
Un tribunal ya confirmó la cancelación del amparo promovido por los empresarios chiapanecos, con el que buscaban sacar del proceso siete testimonios, siete documentos y un peritaje aportados por la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda.
Entre las pruebas destaca una opinión de delito elaborada por Hacienda, considerada clave para la acusación, pues concluye que existen elementos para proceder contra los Dávila.
La resolución judicial establece que los empresarios sí podrán cuestionar esas pruebas, pero en una etapa posterior, incluso después de un eventual juicio y sentencia.
Por ahora, los tribunales consideraron que su utilización no representa una violación a sus derechos fundamentales.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), de la que los Dávila son accionistas, recibió ilegalmente los 800 millones de pesos entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir los bonos.
El dinero salió de Segalmex después de que René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, autorizara el uso de recursos públicos para adquirir certificados privados.
Según la acusación, Segalmex transfirió los recursos a un fideicomiso identificado como CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, empresa ubicada en Chiapas, por lo que los recursos terminaron colocados en el mercado bursátil mediante certificados privados, una operación que ahora forma parte del expediente penal.
