La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las normas de San Luis Potosí que garantizan seguridad social para las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal.
El pleno resolvió este jueves que es constitucional obligar a los ayuntamientos a garantizar esquemas de retiro, jubilación o pensión, así como prever los recursos necesarios para financiarlos.
Para la Corte, incluir una partida presupuestaria representa una condición mínima para hacer efectivo este derecho de las y los integrantes de las corporaciones municipales de seguridad pública.
Además, la SCJN determinó que estas disposiciones respetan la autonomía municipal y la libre administración de la hacienda pública. La norma no obliga a los ayuntamientos a adoptar un modelo único, ni establece montos, porcentajes o fuentes específicas de financiamiento.
“Los ayuntamientos conservan la facultad de definir el esquema aplicable, emitir los lineamientos para su operación y determinar la programación financiera correspondiente, conforme a sus recursos disponibles”, precisó la Corte.
Con esta resolución, los municipios de San Luis Potosí deberán contar con mecanismos que hagan posible el acceso de sus corporaciones de seguridad a esquemas de retiro, jubilación o pensión.
