El proyecto Monterrey VI no forma parte nuevamente de la cartera de proyectos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, hasta ahora, no existe una propuesta formal ingresada ante la dependencia para trasladar agua de la cuenca del río Pánuco hacia Nuevo León.
Así lo aseguró el delegado de Conagua en el Estado, Darío Fernández González Castillo, quien explicó que el proyecto original fue descartado por el propio Gobierno de Nuevo León debido a su alto costo.
Recordó que la obra estaba estimada en más de 15 mil millones de pesos y contemplaba la construcción de seis plantas de rebombeo. Su funcionamiento, agregó, habría implicado un gasto cercano a los 60 mil millones de pesos anuales para Monterrey.
Fernández González Castillo aclaró que el movimiento reciente de Agua y Drenaje de Monterrey ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consiste en un intento por actualizar la manifestación de impacto ambiental del proyecto.
Explicó que anteriormente no se autorizó establecer la toma de agua en el río Tampaón, por lo que se planteó trasladarla hacia el Pánuco.
No obstante, subrayó que una eventual autorización ambiental no permitiría, por sí misma, ejecutar la obra. Incluso si Semarnat aprobara la actualización de la manifestación de impacto ambiental, Conagua tendría que revisar y autorizar el aprovechamiento del agua, además de los permisos federales necesarios.
“Lo cierto es que, aunque se otorgase la manifestación, no es ningún permiso para la obra”, puntualizó.
El delegado reiteró que no existe actualmente ningún proyecto formal presentado ante Conagua relacionado con Monterrey VI. Añadió que la obra tampoco está incluida en la cartera nacional de proyectos de la dependencia ni en la representación de Conagua en el Estado.
Sobre la postura que podría asumir el Gobierno del Estado ante un eventual proyecto para extraer agua de la cuenca del Pánuco, señaló que se trata de un asunto de competencia federal, al involucrar una cuenca bajo jurisdicción federal.
Sin embargo, reconoció que el gobierno estatal podrá plantear sus consideraciones cuando corresponda definir las acciones vinculadas con el proyecto.
