Dos madres acudieron este jueves al Poder Judicial de San Luis Potosí para denunciar las dificultades que, aseguran, enfrentan para convivir con sus hijos. Hablaron de órdenes que, según sus testimonios, no se han cumplido, cambios de juzgado y decisiones que mantienen limitada o suspendida la convivencia familiar.
Marlene Múzquiz Flores relató que lleva 86 días sin ver a su bebé. Según su versión, el padre se lo llevó el 1 de julio, cuando tenía siete meses y 21 días, sin informarle dónde estaría. Ese mismo día presentó una denuncia por sustracción y después inició un proceso de guarda y custodia.Múzquiz Flores afirmó que existe una orden para restituir al menor, pero que el padre no la ha cumplido ni ha acudido a las convivencias ordenadas. También denunció presuntas amenazas e irregularidades en la tramitación de su expediente, que, dijo, pasó por distintos juzgados y actualmente presenta inconsistencias. Señaló además que fue desalojada de la vivienda donde vivía con su hijo. Estos señalamientos corresponden a su testimonio y no fueron corroborados con los expedientes judiciales.Adriana Luna Martínez expuso otro caso. Aseguró que su hijo Emiliano fue sustraído el 4 de julio y que ahora solo puede verlo durante 60 minutos en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam). Cuestionó el procedimiento por el que el padre obtuvo la custodia: afirmó que en 2023 fue declarada en rebeldía después de un emplazamiento del que, según dijo, nunca tuvo conocimiento. Pidió que se revise su situación y que su hijo pueda regresar a casa.La abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, de la asociación Shakti, sostuvo que las demoras en convivencias y pensiones también se presentan en otros procesos familiares. Abogados postulantes señalaron que algunos acuerdos tardan uno o dos meses y que niñas, niños y adolescentes pueden esperar hasta tres o cuatro meses para regularizar convivencias u obtener alimentos.Por su parte, la abogada Alejandra Rivera atribuyó parte del rezago a la falta de personal. Propuso reforzar los juzgados familiares, valorar la apertura de otro y contar con especialistas en psicología para los procesos de revinculación. Hasta el momento, no se cuenta con una postura del Poder Judicial sobre los dos casos expuestos por las madres.
