La despenalización del aborto en San Luis Potosí no ha eliminado las dificultades para acceder al servicio. La red autónoma Las Compas señaló que persisten el desabasto de medicamentos e insumos, el desconocimiento de las disposiciones legales entre parte del personal médico y negativas de atención relacionadas con la objeción de conciencia.
Desde noviembre de 2024, la organización ha acompañado más de 900 procesos de interrupción del embarazo. Actualmente recibe alrededor de 60 solicitudes al mes, principalmente de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Según la red, las barreras son mayores para quienes viven en el Altiplano y la Huasteca Sur.
Las Compas identificó entre las carencias la falta de misoprostol y de material para realizar aspiraciones manuales endouterinas. También sostuvo que algunos profesionales de instituciones públicas se declaran objetores de conciencia sin que se garantice oportunamente la atención mediante personal no objetor. Estos señalamientos sobre disponibilidad y prestación del servicio requieren una respuesta de las instituciones de salud involucradas.
En San Luis Potosí, la interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada hasta las primeras 12 semanas de gestación. La Suprema Corte ha establecido que el ejercicio individual de la objeción de conciencia no debe traducirse en la negación del servicio: las instituciones deben contar con personal no objetor disponible.
La red pidió presupuesto para abastecimiento, capacitación médica y difusión de los servicios. Solicitó, además, que la información y la atención sean accesibles para personas LGBTQI+, indígenas y con discapacidad.
Alrededor de diez voluntarias integran Las Compas. De acuerdo con la organización, realizan los acompañamientos sin remuneración y cubren algunos gastos médicos mediante aportaciones propias y donaciones.
