La secretaria de Finanzas de San Luis Potosí, Ariana García Vidal, reconoció ante el Congreso que el sistema de pensiones enfrenta una presión financiera estimada en 4 mil millones de pesos. Aunque aseguró que el Gobierno estatal no tiene adeudos con la Dirección General de Pensiones y garantizará los pagos, señaló que el número de jubilados y pensionados pasó de alrededor de 5 mil al inicio de la administración a casi 10 mil en 2026.
Durante su comparecencia, la funcionaria informó que este año se autorizaron 2 mil 600 millones de pesos para el sistema. También expuso otros asuntos pendientes: un crédito fiscal de mil 600 millones de pesos, diferencias de aproximadamente 206 millones con la UASLP y saldos aún no conciliados con el Interapas.
El crédito fiscal fue notificado en agosto por la omisión del pago del ISR en 2018. García Vidal precisó que la resolución no está firme y que la Procuraduría Fiscal analiza cómo impugnarla. En cuanto a la UASLP, afirmó que se entregaron los 320 millones de pesos del presupuesto estatal aprobado, pero reconoció que falta cubrir el monto previsto en el anexo de ejecución.
Respecto al Interapas, Finanzas calcula preliminarmente un saldo de 184 millones de pesos por el agua suministrada a instalaciones estatales. A su vez, la secretaria sostuvo que el organismo adeuda al Estado más de 900 millones por saneamiento. Ambas cifras requieren revisión antes de establecer un saldo definitivo.
García Vidal destacó que la deuda estatal de largo plazo bajó de 3 mil 609 a 2 mil 900 millones de pesos. No obstante, reportó un financiamiento de corto plazo de 266.7 millones que prevé liquidar en diciembre. Añadió que el Estado proyecta un aumento de 7% en participaciones federales para 2027, después de registrar una reducción de 400 millones de pesos en poco más de dos meses de este año.
