El colectivo Vozes condicionó el fin de la toma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la renuncia de su presidenta, Giovana Argüelles Moreno, de la primera visitadora, Begoña Castillo, y de Miguel Carbajal Martínez. Sus integrantes responsabilizan a los tres funcionarios de presuntas omisiones en la atención a víctimas y advirtieron que podrían emprender acciones legales.
Tras reunirse con representantes del colectivo, el diputado Marco Gama Basarte, presidente de la comisión legislativa de derechos humanos, reconoció que esa comisión no tiene facultades para destituir directamente a la presidenta de la CEDH. Explicó que cualquier procedimiento de remoción tendría que seguir las vías previstas en la ley.
Gama se comprometió a documentar las quejas pendientes, identificar qué recomendaciones no han recibido respuesta y establecer cuánto tiempo llevan sin atención. Señaló que la comisión ya aprobó citar a comparecer a Argüelles Moreno, pero consideró necesario escuchar tanto al colectivo como a la titular del organismo antes de valorar su desempeño.
El legislador añadió que Vozes planteó la posibilidad de promover un juicio político. Aclaró que primero deberán revisarse los argumentos y la viabilidad de esa vía; la propuesta no equivale al inicio ni a la procedencia de un juicio.
Natalia Castillo, abogada del colectivo, sostuvo que la exigencia de renuncias es innegociable y advirtió que la protesta podría extenderse a otras oficinas. También participaron representantes de comunidades otomíes, mazahuas y mixtecas, quienes denunciaron que sus demandas permanecen desatendidas. Hasta ahora, estas acusaciones corresponden a los manifestantes y no se incluye una respuesta de los funcionarios señalados en la información proporcionada.
