Varios grupos que brindan servicios legales a inmigrantes presentaron hoy una demanda para tratar de frenar la nueva política del Gobierno del Presidente de Etados Unidos, Donald Trump, la cual consiste en ocultar la ubicación de decenas de miles de detenidos con órdenes finales de deportación.
La Política, implementada de forma repentina el mes pasado para acelerar las deportaciones, interfiere con los derechos de los abogados de inmigración ya que complica, o incluso imposibilita, que puedan localizar a sus clientes, según la demanda presentada ante un tribunal federal en Boston.
En la denuncia se solicita a un juez que emita una orden para bloquear este cambio «ilegal e inhumano».
«A nadie se le debe negar una oportunidad real de defender sus derechos porque el Gobierno ha imposibilitado que sea localizado por su abogado», señaló Jacquelynne Bowman, Directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, uno de los cuatro grupos que presentó la demanda.
«Este nuevo y arbitrario cambio administrativo deja sin ayuda legal esencial a cientos de miles de personas que están en riesgo de sufrir consecuencias que podrían alterar sus vidas».
En la demanda se impugna la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de eliminar de su Sistema de Localización de Detenidos la ubicación de personas que enfrentan órdenes finales de expulsión y de ordenar al personal que no revele su paradero.
The Associated Press fue el primero en informar sobre la decisión del ICE.
Hasta el mes pasado, la medida afectaba a más de 16 mil de los casi 69 mil detenidos bajo custodia del ICE.
El ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no han confirmado públicamente el cambio, pero han indicado que priorizan la deportación de personas con órdenes finales de expulsión.
También han señalado que se enfrentan a un «número histórico de medidas cautelares» de tribunales que bloquean sus esfuerzos.
Las agencias han negado que estén haciendo desaparecer a los detenidos, y aseguran que estos siguen teniendo libertad para hacer llamadas telefónicas.
«Los extranjeros ilegales detenidos tienen varias maneras para comunicarse con sus familiares y abogados», indicó el DHS en un comunicado en respuesta a la demanda.
«El proceso apropiado que corresponde a un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, simple y llanamente».
Desde 2010, abogados y familiares han utilizado el sistema en línea para rastrear la ubicación de los detenidos mientras son trasladados de una instalación a otra a través de la extensa red del ICE.
Cerca de 1.4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes finales de expulsión, lo que significa que un juez de inmigración determinó que deben ser deportadas y esta decisión fue confirmada en una apelación.
Estas personas aún tienen varias opciones para impugnar las condiciones de su detención y su inminente deportación, como solicitar la reapertura de los procedimientos, pedir alivio frente a la expulsión hacia un tercer país y denunciar violaciones de sus derechos.
Varios jueces federales han dictaminado en miles de ocasiones que los detenidos deben ser liberados o que se les deben conceder audiencias de fianza.
Desde la entrada en vigor del cambio, los abogados no han podido localizar a varios de sus clientes y posibles clientes y han dedicado «mucho más tiempo» para localizar a otros, según la demanda.
Las llamadas telefónicas al ICE, incluida su Línea de Información sobre Detención y Expulsión, «resultan en largos tiempos de espera, cortes repentinos, una falta general de información o ninguna respuesta en lo absoluto», de acuerdo con la denuncia.
Como alternativa, algunos abogados han intentado encontrar a sus clientes mediante un programa del ICE que programa llamadas legales, el cual sólo es utilizado por un pequeño porcentaje de los centros de detención.
El resultado ha sido la demora o la pérdida de presentaciones legales y la presentación de menos, de acuerdo con las organizaciones.
La demanda arguye que el cambio viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque se adoptó sin explicación, así como la Primera Enmienda, que protege la capacidad de los abogados para asesorar a las personas sobre sus derechos legales y buscar posibles clientes.
