Las protestas estudiantiles en Francia y otras movilizaciones juveniles en Europa han puesto sobre la mesa una pregunta difícil para los gobiernos: cómo financiar escuelas, vivienda y servicios para las nuevas generaciones mientras crece el gasto en pensiones. La discusión también atraviesa a las familias. Muchos jóvenes consideran insuficiente la inversión en su futuro, pero dependen del apoyo económico de padres y abuelos jubilados.
Sébastien Ducros, un analista de datos francés de 36 años que respalda las protestas por el deterioro de las escuelas, cree que las personas con pensiones suficientes podrían aceptar una reducción para liberar recursos. Laurent Grinwald, de 72 años y jubilado tras trabajar en el servicio postal, rechaza esa idea: sostiene que trabajó durante décadas para obtener su pensión y que también enfrenta el aumento del alquiler y del costo de vida.
La presión sobre los presupuestos es considerable. En 2024, las prestaciones por vejez representaron 41.5 por ciento del gasto en protección social de la Unión Europea, según Eurostat. Al mismo tiempo, los gobiernos afrontan mayores costos de deuda y defensa, mientras los jóvenes encuentran dificultades para acceder a una vivienda.
Algunos países han optado por elevar gradualmente la edad de retiro en lugar de reducir los pagos actuales. Dinamarca, por ejemplo, aprobó llevarla a 70 años a partir de 2040. En Francia, el intento de aumentar la edad de jubilación provocó fuertes protestas y convirtió cualquier cambio al sistema en una decisión políticamente difícil.
España muestra otra parte del problema. Su sistema protege el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación y ha incorporado trabajadores inmigrantes que contribuyen a financiarlo. Sin embargo, el envejecimiento seguirá aumentando el gasto: la OCDE proyecta que las pensiones públicas representarán 17.3 por ciento del producto interno bruto español en 2050.
Para Alejandro Rojano, un trabajador bancario de 28 años que comparte un sótano en Madrid, la diferencia entre sus ingresos y algunas pensiones refleja un reparto desigual de oportunidades. Otros jóvenes evitan responsabilizar a los jubilados: consideran que el debate debe incluir los salarios, los impuestos y el costo de la vivienda.
Las pensiones también sostienen a quienes todavía trabajan. Daniel Ramo, un profesor que participó en una huelga en Madrid por los bajos salarios y la saturación de las aulas, contó que tendría que pedir dinero prestado a su padre jubilado. Encarna Matilla, de 72 años, explicó que la pensión de su esposo ayuda a sus descendientes. «Somos la red de seguridad», resumió.
La tensión, así, alcanza tanto al presupuesto público como al hogar: los jóvenes reclaman inversión para construir una vida independiente, mientras muchas familias usan las pensiones para cubrir gastos que los salarios de sus integrantes más jóvenes no alcanzan a pagar.
