A casi un año de la tragedia en el centro nocturno Rich, en la capital potosina, los padres de Manuel y Roy —jóvenes que perdieron la vida tras caer del tercer piso por el colapso de un barandal— denunciaron que el actual Reglamento de Comercio Municipal está diseñado para beneficiar la corrupción y que no contempla protocolos de seguridad adecuados para antros y bares.
Juan Ramón Infante, padre de una de las víctimas, responsabilizó directamente a las autoridades municipales y estatales por las omisiones que, asegura, derivaron en el fallecimiento de su hijo. Señaló que la falta de control y vigilancia permitió que el lugar operara sin condiciones mínimas de seguridad durante un evento masivo, lo que provocó una sobrecarga en el espacio y el colapso de la estructura metálica.
“Mi hijo no murió por un accidente, murió por negligencia y por un sistema que protege a los negocios antes que a los jóvenes”, declaró. Además, rechazó participar en las mesas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento, calificándolas como un intento superficial de mostrar empatía sin asumir responsabilidades reales.
En el mismo sentido, Rodrigo Espinoza, padre del otro joven fallecido, también declinó la invitación a las mesas argumentando que fue enviada de manera prematura, sin sensibilidad hacia el duelo que atraviesan al acercarse el aniversario de la tragedia.
Ambos padres reiteraron su exigencia de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí reforme de fondo el reglamento, establezca protocolos de seguridad obligatorios para centros de entretenimiento nocturno, y sancione a los funcionarios que permitieron el funcionamiento irregular del antro Rich, donde también varios jóvenes más resultaron con lesiones permanentes.
La tragedia, ocurrida en 2023, sigue sin justicia plena, y las víctimas colaterales de una fiesta mal regulada exigen memoria, responsabilidad y cambios concretos.
