La secretaria general del SNTE en San Luis Potosí, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, informó que en la Sección 52 se tienen al menos dos casos de denuncias contra docentes que no fueron ratificadas por quienes las presentaron, mientras que en la Sección 26 suman alrededor de 300. La mayoría de los señalamientos se concentra en la capital del estado y afecta principalmente a profesores hombres. La dirigente explicó que basta con que un directivo, compañero, alumno o padre de familia exprese una acusación para que se levante un acta administrativa. En algunos casos hay investigación, pero en otros no, y aun sin denuncia fundamentada el docente puede ser separado del servicio y quedarse sin salario, lo que vulnera la presunción de inocencia.
Guerrero Milán señaló que las redes sociales incrementan la exposición del magisterio, porque una acusación puede viralizarse antes de verificarse. Esta situación ha derivado en que algunos maestros eviten volver a sus planteles o incluso abandonen la docencia. Subrayó que cuando los hechos están fundados los procedimientos deben seguir su curso, pero enfatizó que existen múltiples casos sin sustento. Desde junio, el sindicato trabaja con diputadas y diputados en una iniciativa de ley para proteger los derechos laborales del personal educativo.
Entre los señalamientos más frecuentes están presuntas agresiones hacia estudiantes por alzar la voz o tomar del brazo a un menor, aunque también se registran casos más graves. La dirigente destacó que la problemática se agrava por la inoperancia de algunos comités de seguridad escolar integrados por madres y padres de familia, docentes y alumnado de grados superiores. Estos comités deberían vigilar riesgos e infraestructura, pero cuando no cumplen su función terminan responsabilizando al profesorado por accidentes dentro de las escuelas.
Como medidas de contención, algunas instituciones han instalado cámaras de vigilancia que han permitido aclarar hechos y deslindar al magisterio de acusaciones infundadas. Sin embargo, incluso con material en video hay familias que insisten en mantener sus denuncias. En cuanto a quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la mayoría de docentes opta por los procedimientos internos del sector educativo y son pocos los que acuden a esa instancia. Guerrero Milán concluyó que el gremio se siente desprotegido y remarcó la relevancia de la propuesta de Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo del Estado de San Luis Potosí, la cual busca garantizar derechos de trabajadoras y trabajadores, así como de estudiantes y familias.
