La reforma constitucional sobre prisión preventiva contemplada para votarse hoy en la Cámara de Diputados puede llevar a la cárcel a presuntos sospechosos de delitos fiscales sin demostrar culpabilidad, alertaron expertos.
Los nuevos delitos que se agregan al Artículo 19 de la Constitución son defraudación fiscal, contrabando y expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
«Genera una inseguridad jurídica porque cualquier persona que pueda estar perseguida por estos delitos va a enfrentar la prisión preventiva oficiosa es decir, va a ameritar una sanción de cárcel sin haberse demostrado los hechos y ni demostrar su culpabilidad», indicó un experto en el tema que prefirió el anonimato.
«(Por ejemplo, estarán expuestas) todas las empresas que realizan operaciones en México que se consideren puedan tener un delito fiscal de compra y venta de comprobantes fiscales», expuso.
Mencionó que al ser imputado un contribuyente de alguno de los delitos fiscales, el Juez estaría obligado a dictar prisión preventiva de manera automática, sin necesidad de evaluar el riesgo de fuga u otros factores.
Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la prisión preventiva oficiosa, al ser aplicada de forma automática, viola derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el debido proceso.
Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista del Despacho Pérez Góngora y Asociados, señaló que se debe tener mucho cuidado en catalogar ese tipo de delitos, porque por ejemplo alguien que pasa mercancía de otro país y que en su momento no comprueba el pago de aranceles, lo podrán acusar de contrabando.
«Se deben analizar cuál es el límite de un delito o una evasión de impuestos», apuntó.
Luis Casarín, director general de vocación social de la Anade Nuevo León y socio de AEquitas Consultoría, consideró que la recaudación «persuasiva» ha sido una herramienta útil para la autoridad fiscal en la recaudación.
