El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones la iniciativa del diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés para tipificar como delito el uso indebido de inteligencia artificial que provoque alarma social, al regular la creación y difusión de imágenes, audios o videos hiperrealistas que imitan sin consentimiento la voz, los gestos o la apariencia de personas reales.
Durante la discusión, la diputada Gabriela López Torres votó en contra al señalar que la reforma avanzó con celeridad y sin opiniones técnicas de la Fiscalía General ni del Poder Judicial, además rechazó que se compare con la Ley Olimpia y advirtió sobre una posible carga de prueba para periodistas y caricaturistas. El diputado Marco Gama Basarte también se pronunció en contra al considerar que la redacción deja un margen amplio para interpretar qué es alarma social y podría derivar en censura política.
En contraste, la diputada Roxana Hernández Ramírez respaldó la medida al recordar casos recientes de manipulación con IA contra alumnas de secundaria en Zacatecas y sostuvo que la reforma incorpora límites y responsabilidades para proteger a víctimas de violencia digital.
Con la aprobación se incorpora el Artículo 187 Ter al Código Penal de San Luis Potosí, que prevé hasta tres años de prisión para quien utilice sin autorización la imagen o la voz de una persona mediante inteligencia artificial y sanciona la difusión intencional de información falsa o la manipulación institucional con fines de engaño.
La legislación establece excepciones para materiales periodísticos, académicos, artísticos, paródicos o de crítica política siempre que no exista intención de causar daño y que se cumplan los requisitos de identificación y aviso de contenido artificial cuando corresponda (esto último para advertir al público y evitar confusiones).
Con el nuevo tipo penal, el Congreso busca responder a riesgos para la seguridad, la reputación y la vida privada, mientras que la oposición advierte que su aplicación deberá observar principios de legalidad y proporcionalidad para no vulnerar la libertad de expresión.
