Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la reforma a la Ley de Amparo fue avalada en lo general por la Cámara de Diputados.
La diputada Olga Sánchez Cordero fue la única morenista que votó en abstención, luego que ayer criticó la reforma propuesta por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.
La petista Martha Araceli Cruz votó en contra y sus correligionarios Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron, mientras que por el PVEM, Ana Erika Santana también dio su voto en contra.
El texto redefine el interés legítimo y acota la suspensión provisional, al prohibirla en casos de bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de conductas ilícitas que pudieran dañar el sistema financiero y en los casos de revocación de permisos, concesiones o autorizaciones emitidas por las autoridades federales.
Asimismo, limita el recurso de revocación al introducir como supuestos de improcedencia créditos fiscales firmes, determinaciones que resuelven solicitudes de prescripción y cuando el contribuyente manifieste desconocer el acto.
Además, introduce conceptos como el «interés social», «el orden e interés público» para que un juez los considere previo a la concesión de una suspensión y aumenta de 60 a 90 días el plazo para emitir un fallo.
Tras el desechamiento de cinco mociones suspensivas que pretendían frenar la discusión en una sesión semipresencial, la Oposición denunció que la iniciativa presidencial pretende ablandar la defensa de los derechos humanos, subordinar el interés legítimo y restringir el acceso a la suspensión de actos autoritarios.
Sin embargo, Morena y sus aliados argumentaron que las modificaciones a la legislación pretenden hacer más eficiente y expedito el juicio de amparo, además de modernizarlo y que deje de privilegiar a un grupo.
El panista Germán Martínez sostuvo que la reforma ablanda la defensa de derechos humanos reconocidos internacionalmente, achica el interés legítimoy restringe el acceso a la suspensión del acto autoritario.
Además, reprochó que, en el pasado, morenistas como Ricardo Monreal y Luisa Alcalde y el petista Ricardo Mejía Berdeja defendieron la ley que hoy reforman.
«Consta en el diario de los debates del 12 de febrero de 2013 posiciones auténticamente progresistas. El diputado (Ricardo) Monreal dijo que Ignacio Burgoa se volvería a morir porque el amparo estaba sufriendo una mutación. El diputado (Ricardo) Mejía Berdeja dijo que sin suspensión provisional el daño sería irreparable (porque) afecta a mineros, ejidatarios y a quienes tienen pozos, a particulares agrarios. La diputada (Luisa) Alcalde Luján, (hoy) presidenta de Morena, no hablaba de interés jurídico, ni legítimo, ni público, hablaba de interés simple, sin requisitos», recordó.
Tras reprochar el albazo, la simulación y cerrazón al diálogo de la mayoría, el priista Emilio Suárez Licona acusó que esta modificación representa el resquebrajamiento de la última línea de defensa que tiene la sociedad ante el Poder, que ya está encubierto por un Estado autoritario, como en el caso de las comunidades originarias que pretendan ampararse ante proyectos de Gobierno que contaminen sus tierras.
«Habrá que explicarles a los damnificados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, que sus agrupaciones vecinales, muy probablemente no podrán combatir vía juicio de amparo eventuales omisiones del Gobierno en la reparación de afectaciones o en la prestación de servicios médicos en el contexto de la tragedia (…) ahora los jueces otorgarán suspensiones sobre la base de un estándar ambiguo y difuso de interés social u orden público, sujeto a interpretaciones políticas», denunció.
La morenista Mariana Benítez defendió las modificaciones, tras asegurar que no se pretende eliminar el juicio de amparo, sino que busca evitar el privilegio de intereses particulares y que las obras públicas se detengan indefinidamente.
«Quienes sostienen que esta reforma es autoritaria, se equivocan o mienten deliberadamente, autoritarismo sería mantener el uso corrupto del amparo para privilegiar intereses particulares() nadie quiere un País en el que los proyectos nacionales puedan ser definidos interminables», aseguró.
