El aumento a la tarifa del transporte urbano a 13.50 pesos abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno del Estado y diversos colectivos ciudadanos que han convocado a manifestaciones en San Luis Potosí. Ante este escenario, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, sostuvo que las protestas no resolverán el problema de fondo y advirtió que algunas de las movilizaciones responden a intereses políticos, en un contexto previo al próximo proceso electoral.
La funcionaria afirmó que la postura de la dependencia es privilegiar el diálogo y el acercamiento directo con los sectores inconformes, pero rechazó que las manifestaciones sean un mecanismo adecuado para atender la problemática. Señaló que este tipo de acciones generan afectaciones a la movilidad y al orden urbano, sin aportar soluciones concretas.
Martínez Acosta aseguró que la SCT mantiene apertura para escuchar a colectivos y asociaciones ciudadanas con el objetivo de conocer el impacto que el ajuste tarifario representa para los usuarios. No obstante, insistió en que una parte de las protestas está impulsada por agendas partidistas y no por demandas genuinas de la población. En ese sentido, sostuvo que distintas expresiones de inconformidad buscan capitalizar políticamente el tema del transporte público.
La titular de la dependencia descartó que, derivado de las manifestaciones, se contemple una modificación al ajuste tarifario autorizado. Señaló que el incremento fue definido tras un análisis del sistema y reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá la decisión adoptada. “Todo el mundo está aprovechando para que cualquier situación pueda manejarse con fines políticos”, expresó al referirse al contexto actual.
En defensa del aumento a la tarifa del transporte urbano, Martínez Acosta destacó que San Luis Potosí es la única entidad del país que ofrece transporte gratuito mediante cuatro líneas del sistema MetroRed. Indicó que, a través de este esquema, se han realizado más de 20 millones de viajes sin costo para los usuarios, como parte de una estrategia de movilidad impulsada por el gobierno estatal.
Precisó que, pese al incremento de un peso en la tarifa general, los usuarios que utilizan el sistema de prepago pueden continuar pagando 12.50 pesos por viaje. Asimismo, señaló que los estudiantes de niveles educativos no universitarios conservan una tarifa preferencial de seis pesos, medida que, dijo, busca mitigar el impacto económico en sectores específicos de la población.
El aumento a la tarifa del transporte urbano mantiene así un escenario de tensión entre autoridades y colectivos ciudadanos, mientras el Gobierno del Estado sostiene su postura de no revertir el ajuste y priorizar el diálogo institucional como vía para atender las inconformidades.
