La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría las leyes secundarias de la reforma constitucional que transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 22 votos a favor, siete en contra de las bancadas del PAN y del PRI y dos en abstención de Movimiento Ciudadano, los legisladores avalaron sin cambios la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que expide la Ley de la Guardia Nacional y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como seis leyes y dos Códigos militares.
El dictamen establece que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar con formación policial, su titular será nombrado por el Ejecutivo, a propuesta del Secretario de la Defensa, y ostentará la jerarquía de General de División y los grados de sus integrantes serán homólogos a los del Ejército.
Agrega que el personal se sujetará a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra y actuará en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.
Podrá llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito, así como verificaciones para la prevención de infracciones.
Además, se le faculta para solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas previa autorización de un juez.
La panista Paulina Rubio criticó que la propuesta de la Presidenta plantee facultar a la Guardia Nacional para realizar operativos encubiertos, a pesar de que fueron declarados inconstitucionales por la Corte.
Agregó que, si bien, la mayoría trata de «lavarse la cara» diciendo que la intervención de comunicaciones será previa autorización de un juez, el control judicial también estará en manos de la mayoría, tras los resultados de la elección judicial del 1 de junio pasado, en la que resultaron ganadores personajes como Silvia Delgado, ex abogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien será jueza penal en Chihuahua.
«Hacen esta reforma a sabiendas de que la nueva integración de la Corte no se va a atrever a pararles por la inconstitucionalidad de esta reforma», afirmó.
Tras recordar que existen fotografías del ex dirigente de Morena, Mario Delgado, y del propio ex Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazando la militarización, Rubio acusó a Morena de haberse robado la mayoría para poder hacer todas estas reformas que «hoy no les permita tener un freno».
La legisladora acusó que la mayoría no ha entendido que la concentración de poderque le están dando a la Sedena no la van a poder parar ni siquiera ellos.
El priista Emilio Suárez advirtió que esta reforma establece las bases de un Gobierno militar.
Indicó que la iniciativa presidencial contiene varios motivos de preocupación porque ahonda el desmantelamiento del federalismo, ya que mediante convenios, la federalización podrá apropiarse de los recursos para la seguridad de los estados y municipios.
Aseguró que la reforma es violatoria de los derechos humanos, ya que podrá realizar operaciones encubiertas y hacer uso de usuarios simulados, prácticas que además de ser inconstitucionales, podrían derivar en su uso arbitrario y en la vulneración del derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Coincidió en que permitirle a la Guardia Nacional intervenir comunicaciones abre la puerta a un «Estado policiaco», ya que el Gobierno federal tiene el control del Poder Judicial.
El emecista Pablo Vázquez Ahued detalló que algunos puntos positivos de la propuesta son que la Guardia Nacional pueda recibir denuncias de ciudadanos, el desarrollo del concepto de formación policial, el esquema de evaluación anual de sus integrantes, que la corporación pueda conocer de delitos del fuero común, la equivalencia de jerarquías con el Ejército, ya que eso mejora las condiciones de seguridad social y de vivienda de sus integrantes y la sujeción del fuero federal en caso de cometer algún delito.
No obstante, recordó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pendientes en la Cámara de Diputados le dan la conducción estricta en materia de inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que demandó ser congruentes con el andamiaje legal.
«Lo que advertimos es que hay una potencial incompatibilidad, invasión de atribuciones y tiene que quedar estrictamente claro que la conducción de la política y el andamiaje de inteligencia en materia de seguridad en México le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana», dijo.
En su turno, la petista Lilia Aguilar defendió las atribuciones que pretenden darle a la Guardia Nacional y criticó a la Oposición por regateárselas al Ejército.
«En el discurso son muy buenos para echarle porras al Ejército, buenísimos en las ceremonias, bueno, se paran y con todo respeto a las Fuerzas Armadas, mi General y toda la cosa, pero aquí vienen y le regatea no solamente las atribuciones, sino el trabajo que están desarrollando por el bien de todos nosotros», indicó.
Dijo que las operaciones encubiertas y el uso de usuarios simulados serán como en las películas.
«Esto que han tratado de mal informar de las operaciones encubiertas y usuarios simulados, para que la gente nos entienda, es que algún elemento de la Guardia Nacional pueda hacerse pasar como un civil normal, común y corriente, como vemos en las películas, pero esta es un operativo que es necesario para cuestiones de crimen organizado», enfatizó.
Añadió que la reforma no sólo consolida la Guardia Nacional con capacidades técnicas y estratégicas, sino que le da certeza jurídica.
«(Los elementos de la Guardia Nacional) son integrantes de las Fuerzas Armadas, sí, pero para ejercer un papel de seguridad pública», reconoció.
