Al cerrar 2024, el rostro institucional del País es diferente.
Cada 15 horas, Morena y sus aliados aprobaron una reforma constitucional. Sumaron 16 modificaciones a la Carta Magna en 40 sesiones del Congreso para rehacer las instituciones del País.
Rehicieron el Poder Judicial, que se había convertido en un dique de los cambios de la 4T; a la vez, blindaron las decisiones legislativas de posibles frenos por parte de la Corte.
También desaparecieron siete organismos autónomos que vigilaban las políticas públicas, la competencia económica, la transparencia y el ejercicio efectivo del Gobierno.
Regresaron a Pemex y a la CFE a su condición de empresas de Estado sin salvar sus crisis financieras y elevaron a rango constitucional los programas sociales, que la Oposición acusa como instrumento clientelar. También la Guardia Nacional pasó al control total del Ejército.
Los Congresos estatales, con mayoría morenista, con celeridad nunca antes vista, avalaron los cambios constitucionales.
«Se apropiaron de una mayoría que el pueblo no les dio para aprobar medidas donde los mexicanos pierden derechos y libertades. Fueron aprobados a prisa y con inconsistencias», reclamó el coordinador parlamentario priista Rubén Moreira.
La reforma judicial ‘está tan mal hecha’, que todavía el INE intenta» enmendarles la plana», apuntó.
Están pendientes en la agenda oficial una reforma electoral que desaparece el INE y crea el INEC, que elimina a los diputados y senadores plurinominales; la de salud, que establece la obligación del Estado de garantizar atención médica integral, universal y gratuita; la prohibición del maíz transgénico, y topar salarios de funcionarios públicos para evitar que ganen más que la Presidenta.
«Salvo algunos pocos temas que fueron acompañados por la Oposición, el resto significó un retroceso al régimen democrático, las libertades, a la defensa de los derechos humanos y tratar de instalar un régimen autoritario, peor aún, autoritario y con inconsistencia, con improvisaciones, con falta de mecanismos que den certeza a la sociedad», consideró Moreira.
«Tengo una preocupación: que esto es un ataque sistemático, metódico al régimen, al Estado de derecho y el estado de libertades que tenemos y que están preparando todo para que, si en el futuro los procesos electorales no les son favorables, ellos no hacerle caso a la voluntad de la gente y una prueba es esto que están haciendo con el INE».
Para 2025, ya con mayoría asegurada en la Cámara alta, el bloque oficial tiene la mira puesta en las cuatro reformas que faltan para el segundo piso de la 4T.
La reforma electoral que desaparece el INE y crea el INEC, que elimina los diputados y senadores plurinominales; la de salud, que establece la obligación del Estado de garantizar atención médica integral, universal y gratuita, incluidos medicamentos, estudios médicos e intervenciones quirúrgicas; la que prohíbe el maíz transgénico, y la que topa el salario de funcionarios públicos para evitar que ganen más que la Presidenta.
