La presentación sistemática de juicios de amparo en contra de proyectos impulsados por el Gobierno del Estado evidencia que Cambio de Ruta A.C. actúa como una organización opositora al desarrollo de San Luis Potosí, reprochó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, quien advirtió que incluso podría valorarse la imposición de responsabilidades.
El señalamiento se dio luego de que la asociación ambientalista promoviera un amparo indirecto en materia ambiental y de derechos humanos en contra de la rehabilitación del centro acuático Splash, ubicado al interior del Parque Tangamanga I.
Torres Sánchez afirmó que el objetivo de Cambio de Ruta es entorpecer el progreso impulsado por la administración estatal y sostuvo que la organización forma parte de lo que denominó la “herencia maldita”.
“Es una lástima que utilicen esas herramientas que tanto le han costado al país y a México, como los juicios de amparo, para propósitos políticos. Nosotros, por nuestro lado, vamos a atender el asunto”, expresó el funcionario.
Ante la recurrencia de impugnaciones contra obras públicas, el secretario general planteó la posibilidad de que el Gobierno del Estado genere responsabilidades contra organizaciones que, dijo, actúan con “propósitos oscuros”, aunque no precisó el mecanismo legal mediante el cual se llevaría a cabo dicho procedimiento.
Por su parte, la organización no gubernamental sostuvo que el amparo presentado no busca frenar el desarrollo, sino exigir que cualquier proyecto público se ejecute con legalidad, sustento técnico, transparencia y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando involucra espacios verdes urbanos y recursos hídricos, considerados escasos en la entidad.
El caso del centro acuático Splash se suma así a una serie de controversias legales entre el Gobierno estatal y organizaciones civiles, en un contexto de tensión creciente entre el discurso oficial de desarrollo y las demandas de vigilancia ambiental y social.
