Mientras el Ayuntamiento capitalino hablaba de “acompañamiento” y solidaridad con las familias afectadas por la tragedia del 7 de junio de 2024, en los tribunales se escribía una historia muy distinta. Entre expedientes, folios oficiales y respuestas jurídicas, la narrativa del gobierno municipal dio un giro que hoy indigna a los deudos.
Rodrigo Espinosa Martínez, padre de Roy Espinosa, uno de los jóvenes fallecidos, revisó cada documento presentado por la administración municipal en el litigio. Lo que encontró, asegura, contradice completamente lo que públicamente prometieron el alcalde Enrique Galindo Ceballos y sus funcionarios.
“Mientras nos decían que nos iban a acompañar, en los papeles nos culpan a nosotros”, afirma Espinosa. Y los documentos así lo muestran.
La versión judicial del Ayuntamiento: “Inventiva” y responsabilidad familiar
En la contestación oficial PM/DAJ/2456/2024, firmada por la asesoría jurídica municipal, el Ayuntamiento negó cualquier responsabilidad del hecho y calificó el relato de la familia como “producto de la inventiva”.
El escrito incluso señala una supuesta “negligencia al interior del núcleo familiar”, trasladando el peso de la tragedia a los propios padres y a los jóvenes que murieron esa noche.
La versión se repite en el oficio PCM/DJ/341/2024, firmado por la Dirección de Protección Civil Municipal, donde se sostiene que el menor asistió “por propia voluntad” y que los jóvenes “no midieron el riesgo”. Según el documento, la responsabilidad recaería en los padres “por permitirles acudir”.
Mientras afuera se hablaba de empatía, adentro se escribía una narrativa que exoneraba a las dependencias municipales.
El antro no era clandestino: documentos confirman conocimiento y omisiones
Los expedientes judiciales revelan otro punto clave: el antro no operaba en la clandestinidad, como repetidamente afirmó la autoridad tras la tragedia.
Licencias provisionales, vistos buenos y reportes de inspección emitidos entre 2022 y 2023 confirman que el Ayuntamiento conocía el funcionamiento del establecimiento. No solo eso: permitió su operación pese a irregularidades detectadas.
Incluso la Contraloría Municipal documentó una “omisión dolosa” en la Dirección de Comercio, señalando que hubo conocimiento previo y falta de actuación.
El contraste que duele
Para las familias, la doble narrativa (una pública y otra ante los tribunales) no solo es una contradicción: es una herida. Por un lado, promesas de apoyo; por el otro, documentos que buscan deslindar responsabilidades y culpar a las víctimas.
El caso Rich sigue avanzando en los juzgados. Y mientras tanto, los papeles oficiales van revelando una verdad incómoda: la tragedia pudo haberse prevenido, y el Ayuntamiento sabía más de ese lugar de lo que dijo en un inicio.
